La comunidad garífuna en Honduras enfrenta un desalojo inminente debido a la aplicación de una nueva ley agroindustrial, que ha desatado un asedio por parte de las autoridades. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras por la falta de reconocimiento y protección de estos terrenos ancestrales.
Datos clave
- Cuándo: Julio de 2023.
- Quién: Comunidad garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
- Dónde: Honduras, específicamente en las cercanías de San Juan.
El fallo de la Corte exigía, entre otras cosas, la entrega de títulos de propiedad colectiva y la compensación económica adecuada. Sin embargo, tras varios meses de inacción y con un nuevo gobierno en el poder, los garífunas denuncian que el Estado no ha cumplido con ninguna de estas órdenes. Yessica, representante de Ofraneh, destaca la indiferencia del gobierno ante sus derechos ancestrales.
Este contexto se agrava con la implementación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, que, en julio de 2023, ha permitido la persecución policial de miembros de la comunidad garífuna. Este es el primer desalojo formal realizado bajo esta legislación, y sus consecuencias han sido devastadoras para quienes han habitado el territorio durante generaciones.
¿Qué significa para la comunidad garífuna?
La aplicación de esta ley no solo les priva de sus tierras, sino que también criminaliza su lucha por la defensa de su territorio. Las detenciones de defensores de derechos humanos, incluidos aquellos que intentan proteger las propiedades garífunas, marcan un peligroso camino hacia la criminalización de sus esfuerzos.
¿A quién afecta esta situación?
El asedio a la comunidad garífuna también tiene un impacto significativo en su cultura y forma de vida. Las Zonas de Empleo y de Desarrollo Económico (ZEDE), donde los inversionistas controlan aspectos cruciales de la gobernanza, representan un doble riesgo: la eliminación de su autonomía y la imposición de intereses económicos foráneos sobre sus territorios ancestrales. Según la Red Nacional de Defensoras, el número de agresiones está en aumento, reflejando una tendencia preocupante en el país.
El camino hacia la justicia para la comunidad garífuna sigue siendo incierto. Con las elecciones de 2025 en el horizonte, los defensores de derechos humanos esperan que se generen nuevos espacios para la lucha y la visibilidad de su causa, mientras siguen organizándose y buscando la protección de sus derechos fundamentales.
Con información de biodiversidadla.org