Tijuana, Baja California. - Las autoridades están actualmente investigando más de 25 casos de secuestro virtual que afectaron a estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en agosto y septiembre de 2026. De estos, al menos dos incidentes resultaron en el pago de rescate, evidenciando la seriedad de este delito que, aunque no implica cautiverio físico, causa un alto impacto psicológico.
Las investigaciones revelan que uno de los estudiantes, amedrentado por las amenazas hacia un familiar, rechazó la asistencia del personal universitario y de la policía municipal. Este episodio resalta los desafíos que enfrentan las instituciones para intervenir en situaciones de coacción psicológica ejercida a distancia, donde el control y el aislamiento juegan un papel crucial.
La legislación vigente, específicamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, establece la obligación de las autoridades para actuar de oficio ante este tipo de situaciones. El artículo 15 de dicha ley sanciona a quienes coercionan a otros para obtener beneficios, lo que incluye tanto la extorsión económica como el daño psicológico. La naturaleza del delito exige pruebas concretas, pues no todos los incidentes deben ser tratados de la misma manera.
La UABC, aunque no es responsable de la investigación penal, tiene un rol preventivo que debe incluir protocolos de protección a los estudiantes. Los incidentes de secuestro virtual han generado alarma, y la universidad deberá implementar medidas que protejan la identidad de los alumnos y faciliten una respuesta efectiva.
Los próximos pasos del Ministerio Público incluyen la reconstrucción de los casos, preservación de pruebas digitales y seguimiento de las transacciones relacionadas, todo en cumplimiento de la normativa para asegurar la protección de los derechos de las víctimas.
Con información de zetatijuana.com