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Baja California

Baja California registra 282 investigaciones por trata de personas

Baja California reporta 282 carpetas de investigación por trata de personas entre 2020 y 2025, destacando la gravedad del problema.

Por Axel Juárez1 min de lectura
La trata de personas sigue siendo un grave problema en México, afectando principalmente a mujeres y niñas.
La trata de personas sigue siendo un grave problema en México, afectando principalmente a mujeres y niñas.
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Tijuana, Baja California. - En Baja California se han aperturado 282 carpetas de investigación por el delito de trata de personas entre 2020 y 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este ilícito convierte a seres humanos en mercancía para fines como la explotación sexual, el trabajo forzado y la mendicidad, constituyendo una grave violación a los derechos humanos.

Jorge Montañés Olivo, analista en materia de Derechos Humanos, explicó que “es un delito que sucede en lo oculto; las víctimas son explotadas lejos de la mirada de la sociedad”. Destacó que la ubicación geográfica de Baja California, con un flujo constante de personas, incrementa la vulnerabilidad de las víctimas.

La modalidad más frecuente de trata en la entidad se relaciona con la explotación sexual, reveló Gabriela Navarro Peraza, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas en el Estado. Señaló que aproximadamente el 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas, y que Baja California fluctúa entre el tercer y quinto lugar a nivel nacional en este delito.

Los estados con mayor número de carpetas de investigación en el mismo periodo son el Estado de México, con 950; Ciudad de México, con 672; y Quintana Roo, con 458. La combinación de alta movilidad en la región y un número creciente de denuncias pone de manifiesto la magnitud del problema, así como la necesidad de una colaboración entre autoridades y sociedad para abordar el tema efectivamente.

En lo que respecta a la prevención, la trata de personas se considera un delito federal con penas que varían entre 5 y 30 años de prisión. La atención requiere no solo de recursos y programas adecuados, sino también del compromiso de la comunidad para identificar y ayudar a las víctimas.

Con información de zetatijuana.com

Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes citadas. Responsabilidad editorial: Redacción de El Congresista. ¿Detectaste un error? Repórtalo.

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