Sacramento, California. – La situación de los Dreamers en Sacramento se agrava con la reapertura de casos de inmigración, como el de Daniela Valladares Hernández, una joven que perdió su empleo y enfrenta el miedo a la deportación después de ser notificada por las autoridades. Esta medida es parte de los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para desmantelar el programa DACA.
Valladares, de 28 años y originaria de Honduras, llegó a los Estados Unidos a los seis años. A solo semanas de recibir la carta del Tribunal de Inmigración, había estado enfocándose en sus estudios y preparativos personales. Sin embargo, ahora enfrenta noches de insomnio y ansiedad por su futuro incierto.
La joven fue obligada a presentarse en un tribunal de inmigración en Georgia, un estado donde no ha residido en años. Su solicitud para trasladar el caso a Sacramento fue rechazada, lo que complicó aún más su situación laboral. Su empleador le ofreció la opción de renunciar o arriesgarse a ser despedida sin posibilidad de recontratación.
NorCal Resist, una organización de defensa de inmigrantes en Sacramento, ha brindado apoyo a Valladares. Su directora, Giselle García, ha trabajado para mover el caso a California, lo que recientemente fue aprobado por un tribunal en Atlanta. Aún así, la vida de Valladares sigue siendo inestable mientras enfrenta cuestiones de vivienda y empleo.
La reactivación de casos como el de Valladares resalta las preocupaciones de los defensores de los derechos de los inmigrantes. A pesar de que el programa DACA protege de la deportación a muchos, los procedimientos judiciales continúan creciendo, dejando a los beneficiarios en una situación de inseguridad constante. La comunidad exige un cambio en las políticas que apoyen a las personas afectadas.
