La decisión de la SCJN marca un cambio crucial en derechos reproductivos en Guanajuato.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un ultimátum de 90 días al Congreso del Estado de Guanajuato para reformar su Código Penal en relación con la criminalización del aborto. La notificación se basa en la admisión de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, que impugna varios artículos.
Activistas y legisladores resaltan que garantizar el acceso al aborto seguro es una obligación, no una opción. Si el Congreso no actúa, la SCJN podría intervenir para invalidar las disposiciones cuestionadas. Las y los legisladores se enfrentan a una presión creciente para adecuar la legislación a los estándares de derechos humanos.
