Ciudad de México. – El 2 de mayo, 15 mil personas marcharon en la capital para exigir la despenalización del cannabis, una manifestación que se replicó en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Esta jornada se convirtió en una expresión contundente de la creciente demanda social por una regulación adecuada del uso del cannabis.
La marcha, que partió del Palacio de Bellas Artes hacia el Ángel de la Independencia, fue organizada para llamar la atención sobre la inacción del Congreso frente a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2021 que declaró inconstitucional la prohibición del uso lúdico del cannabis. A pesar de esta decisión histórica, la legislación aún no ha sido implementada.
Activistas, empresarios y pacientes se unieron en esta protesta pacífica, que fue documentada por medios nacionales e internacionales. Zara Snapp, directora del Instituto RIA, lideró un pliego petitorio que incluye la creación de empleos formales, reconocimiento de derechos humanos de los usuarios y acceso al cannabis para fines terapéuticos. La solicitud recibió el respaldo de 420 miembros de la sociedad civil.
El contexto histórico de esta movilización resalta la necesidad urgente de legislar sobre el cannabis en México, donde actualmente más de 12,000 autorizaciones de autoconsumo han sido emitidas. Sin embargo, el país sigue enfrentando un vacío legal que propicia una gestión desigual y discriminatoria. La jornada del 2 de mayo se convierte en un momento clave en la historia del activismo cannábico en Latinoamérica.
La marcha no solo reunió a quienes consumen cannabis, sino a una comunidad amplia y diversa que demanda justicia social. La evidencia internacional, que muestra la reducción de delitos relacionados con el cannabis en países que lo han legalizado, refuerza la urgencia de esta lucha. La movilización está lejos de ser solo un acto de protesta; representa un clamor por una reforma integral.
