El rechazo de la Corte facilita que más de 30 reclamantes puedan seguir buscando justicia por pérdidas superiores a mil millones de dólares.
La Corte Suprema de Estados Unidos negó este lunes atender un recurso de Citigroup para bloquear una demanda por fraude relacionada con Oceanografía, empresa mexicana en quiebra. Esta decisión permite que más de 30 reclamantes, incluyendo tenedores de bonos y compañías navieras, continúen con el proceso legal.
Este caso revela cómo Citigroup, a través de su filial Banamex, adelantó más de 3,300 millones de dólares a Oceanografía sin detectar falsificaciones y deuda excesiva. La empresa prestaba servicios a Petróleos Mexicanos antes de su embargo en 2014 y su posterior quiebra en 2016.
La acusación señala que Citigroup tenía conocimiento de irregularidades, pero no impidió los anticipos fraudulentos detectados posteriormente. La SEC multó al banco en 2018 por fallos en controles internos, sumando sanciones que reflejan su implicación en el escándalo.
En el fallo de apelación, un panel de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito afirmó que las alegaciones de ocultación por parte del banco son suficientes para seguir con las demandas. Citigroup, en su recurso ante la Corte Suprema, cuestionó la validez de las reclamaciones bajo la ley RICO, señalando que estas demandas deberían considerarse inadmisibles.
Por su parte, los reclamantes sostienen que la ley federal busca proteger a quienes hayan sido perjudicados por fraudes y que no hay razón para excluir sus demandas por la supuesta participación de otras instituciones reguladoras. La decisión de la Corte Suprema mantiene abierta la posibilidad de que se explore la responsabilidad del banco en uno de los mayores escándalos financieros que involucra a empresas mexicanas.
Este caso ejemplifica cómo la megainstitución financiera puede estar vinculada en esquemas de fraude que perjudican a inversores internacionales. Además, refleja el rol clave del sistema judicial en la protección de derechos ante presuntas irregularidades bancarias y corporativas.
El desenlace de esta demanda podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad de bancos en fraudes transnacionales relacionados con empresas en quiebra. La atención ahora se centra en cómo continuará el proceso judicial y qué implicaciones tendrá en la supervisión financiera de instituciones en Estados Unidos y México.
