La Cámara de la Industria Minera alerta que nuevas regulaciones podrían detener operaciones y afectar a millones de familias en el país, mientras destacan un uso responsable del recurso hídrico.
La posible modificación a la Ley de Aguas en México ha suscitado preocupaciones en la comunidad minera, que advierte que la redacción actual del artículo 118 prácticamente prohíbe la instalación de nuevas operaciones en vastas regiones montañosas donde se concentran los principales yacimientos minerales. Esta situación podría tener un efecto directo en la continuidad de las actividades extractivas, poniendo en riesgo la producción de metales esenciales para la economía y la industria nacional.
Expertos del sector argumentan que la minería formal en México se realiza bajo estrictos parámetros ambientales, asegurando que no se vierten desechos tóxicos en cuerpos de agua ni en zonas federales. Además, señalan que alrededor del 71% del agua utilizada por las compañías mineras en 2024 proviene de fuentes residuales y recirculadas, demostrando un compromiso con el manejo responsable del recurso hídrico. La participación del sector en el consumo nacional de agua es mínima, representando apenas un 0.27% del volumen total concesionado del país.
Históricamente, la minería en México ha sido un pilar para diversas comunidades, generando empleo y promoviendo desarrollo económico en zonas alejadas. La reciente discusión sobre la normativa del agua pone en tension estos beneficios, resaltando la necesidad de un equilibrio entre protección ambiental y aprovechamiento sostenible de recursos. La regulación actual y su posible modificación evidencian la importancia de promover políticas que favorezcan la continuidad y sostenibilidad de la actividad minera en México.
