Paola vive un angustioso proceso desde la desaparición de su pareja, un militar conocido como “el guacho”, en Guerrero. Esta situación se agrava con la decisión de su hijo, Ángel, de buscar una vida mejor en Estados Unidos, dejando atrás sus estudios y su familia, impulsado por la inseguridad en su región, dominada por el crimen organizado.
Tras meses sin noticias de Ángel, Paola recorrió hospitales y organizaciones en Tamaulipas, intentando encontrar información sobre su paradero. Su búsqueda fue ardua y frustrante, especialmente al recuperar, en abril pasado, los restos de su hijo que habían permanecido sin identificar en el Servicio Médico Forense durante más de diez años, debido a fallas burocráticas.
El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta una alarmante realidad en México: más de 128 mil personas desaparecidas y cerca de 70 mil cuerpos sin identificar. Esta cifra coloca al país en una situación crítica en comparación con otros en el continente, advirtiendo sobre la descomposición del sistema y la falta de justicia para familias como la de Paola.
La historicidad de esta crisis también está relacionada con la inacción de las autoridades frente al narcotráfico, desde administraciones anteriores hasta la presente. La relatora para México, Roberta Clarke Pochak, menciona que existe un preocupante estrechamiento entre las instituciones públicas y los grupos criminales, lo que complica aún más la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas.
Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo presenta una oportunidad para cambiar esta narrativa, siendo más receptiva ante la problemática de desapariciones. Este enfoque puede marcar un antes y un después en la atención de casos que han sido desatendidos y que claman por un tratamiento humano y justo.
Con información de contrareplica.mx