El rechazo del exministro a la reforma y la ausencia de votos del último para endurecer el proceso legal generan tensión en el ámbito judicial y político.
Tras la aprobación de cambios a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, centrados en limitar el acceso a recursos judiciales y en suspensiones, emergieron declaraciones que evidencian una división interna en las filas del Poder Judicial y la administración federal. La reforma, que fue respaldada por una amplia mayoría en la cámara baja, buscaba equilibrar el uso del amparo con mayores requisitos y controles, argumentando un interés por fortalecer la seguridad jurídica.
Sin embargo, en medio del debate, la diputada Olga Sánchez Cordero decidió abstenerse durante la votación, postura que generó cuestionamientos respecto a sus motivaciones. Por su parte, el exministro Arturo Zaldívar, quien ocupa una posición de liderazgo en la administración pública, expresó que las críticas de Sánchez Cordero no corresponden con la realidad del contenido reformado, pues aseguró que la iniciativa asegura que no se limitará el interés legítimo ni la protección de derechos fundamentales.
En el contexto político, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su apoyo a la reforma en una conferencia matutina, defendiendo que los cambios favorecen una justicia más equitativa y previenen el uso abusivo del amparo para bloquear proyectos públicos. La discusión refleja una tensión entre los principios del Estado de derecho, la necesidad de reducir litigios prolongados y la preservación de derechos individuales en un clima político confrontado.
Es importante señalar que la reforma aún necesita ser avalada en el Senado, donde podría ser objeto de nuevas modificaciones. La opinión de actores clave como Sánchez Cordero y Zaldívar revela discrepancias internas que seguirán marcando el rumbo de la política judicial en el país, en un escenario de intensificación de las reformas institucionales promovidas desde el Ejecutivo.