El diputado Ulises Mejía Haro destaca los avances legislativos para garantizar la certeza jurídica de los productores agrícolas y la tecnificación del campo.
Ciudad de México.— El Congreso de la Unión mantiene una intensa agenda legislativa centrada en la discusión y análisis de la nueva Ley General de Aguas, así como en las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Esta iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo Federal por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha entrado en una fase decisiva de foros y reuniones de trabajo dentro de las comisiones en la Cámara de Diputados. El objetivo central de estas modificaciones es reconfigurar la gestión hídrica del país, fortaleciendo la rectoría del Estado para evitar el acaparamiento, impedir que el recurso sea tratado como una simple mercancía y, sobre todo, garantizar el acceso equitativo para la población.
Dentro de este proceso deliberativo, la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria juega un papel fundamental. En este espacio convergen legisladores, especialistas técnicos y representantes del sector agropecuario para construir un dictamen que equilibre las necesidades sociales con las productivas. Ulises Mejía Haro, diputado federal integrante de dicha comisión, ha subrayado la importancia de que el nuevo marco legal no solo atienda la crisis hídrica desde una perspectiva urbana, sino que reconozca la interdependencia vital entre el agua y la producción de alimentos.
La jerarquización del uso del agua
Uno de los puntos medulares de la discusión sobre la Ley General de Aguas es la ampliación conceptual del derecho humano al agua. La propuesta legislativa establece una jerarquía clara en la distribución de los volúmenes disponibles. En primer lugar, se sitúa el uso humano y doméstico, garantizando el abasto para la población como prioridad absoluta. Inmediatamente después, se reconocen como esenciales los usos agrícola, pecuario y acuícola.
Esta clasificación no es menor, pues coloca a la seguridad alimentaria como un componente indisoluble del bienestar social. Al respecto, Mejía Haro ha enfatizado que sin garantizar el agua para el campo, resulta imposible cumplir con el mandato del artículo 4º constitucional, que obliga al Estado a asegurar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Bajo esta lógica, los usos agroalimentarios son vistos como herramientas estratégicas para combatir el hambre y sostener la economía de miles de familias rurales, diferenciándolos de otros usos industriales o comerciales.
Certeza jurídica para el sector agropecuario
Durante las mesas de análisis, una de las principales preocupaciones externadas por los productores ha sido la incertidumbre legal sobre sus concesiones. En respuesta, el trabajo legislativo ha incorporado modificaciones sustanciales para proteger el patrimonio de los agricultores. Se han establecido mecanismos para respetar la sucesión de concesiones en caso de fallecimiento del titular, asegurando que los derechos se mantengan en los mismos términos originalmente otorgados.
Asimismo, se busca fortalecer el vínculo entre la titularidad de la tierra y el derecho al agua. En operaciones de compraventa de predios agrícolas y ganaderos, la reforma contempla que los derechos del título de concesión se transfieran al nuevo propietario, siempre que se mantengan dentro de la misma cuenca o acuífero. Esta medida pretende evitar la pérdida automática de concesiones y frenar la especulación, brindando estabilidad al sector productivo.
Ajustes administrativos y eliminación de duplicidades
La modernización de la Ley General de Aguas también aborda la simplificación administrativa para reducir la discrecionalidad y combatir la corrupción. Un ajuste significativo impulsado en comisiones es la ampliación del plazo para solicitar prórrogas de concesiones. La propuesta permite iniciar este trámite hasta tres años antes del vencimiento del título, lo cual reduce drásticamente el riesgo de negativas fictas por saturación administrativa y permite a los productores planificar sus ciclos de inversión con mayor seguridad.
En el ámbito jurídico, se ha realizado una revisión exhaustiva para garantizar el principio de no retroactividad. Se corrigió el Sexto Transitorio de la iniciativa para asegurar que ningún trámite que se encuentre en curso se vea afectado negativamente por la entrada en vigor de la nueva ley, respetando lo estipulado en el artículo 14 constitucional. Además, en materia penal, se depuró el texto para eliminar artículos que duplicaban conductas ya sancionadas en el Código Penal Federal, buscando con ello una mayor coherencia normativa y evitar lagunas legales.
Tecnificación y sostenibilidad
Más allá de la regulación, la reforma plantea una política de inversión histórica destinada a la tecnificación de los distritos de riego. El objetivo es transitar de sistemas de riego rodado o por inundación —que generan grandes pérdidas por evaporación y filtración— hacia tecnologías eficientes que optimicen cada metro cúbico. Esta estrategia se complementa con el fomento al saneamiento y el reuso de aguas residuales, cerrando el ciclo hidrológico de manera sostenible.
Para asegurar que la implementación de estas normas sea exitosa, se mantiene una mesa de trabajo permanente entre el Gobierno de México, legisladores y productores. Este diálogo constante busca afinar los detalles finales del dictamen, asegurando reglas claras que permitan al campo mexicano seguir produciendo bajo criterios de equidad y justicia social.