Ciudad de México.— En un esfuerzo por reestructurar la gestión hídrica en México y dotar de certidumbre al sector agropecuario, el diputado federal Ulises Mejía Haro presentó los alcances del dictamen que integra modificaciones sustanciales a la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Durante una conferencia de prensa en la capital del país, el legislador subrayó que estos cambios legislativos están diseñados para consolidar el vínculo indisoluble entre la tenencia de la tierra y el acceso al recurso hídrico, un binomio que calificó como estratégico para la soberanía nacional.
Mejía Haro explicó que el documento legislativo reconoce una realidad operativa del campo mexicano: el valor de la tierra y su capacidad productiva dependen intrínsecamente de la disponibilidad de agua. Por ello, las nuevas disposiciones establecen reglas claras para vincular las concesiones hídricas con la propiedad agraria, facilitando así los procesos de financiamiento y compraventa de parcelas, al tiempo que se eleva la plusvalía de los terrenos cultivables. Sin estas reformas a la Ley de Aguas Nacionales, advirtió, sería inviable aspirar a un ordenamiento territorial justo y productivo.
Certeza jurídica en la sucesión de derechos
Uno de los pilares fundamentales del dictamen, y que representa una demanda histórica de las comunidades rurales, es la simplificación y aseguramiento de la transmisión de derechos. El diputado destacó que, por primera vez, la ley establecerá un mecanismo transparente y verificable para que las concesiones de agua puedan ser heredadas a familiares directos.
Con la entrada en vigor de estas modificaciones, cónyuges, hijos e hijas podrán asumir la titularidad de los derechos de explotación sin enfrentarse a los vacíos legales o la discrecionalidad burocrática que, en el pasado, ponían en riesgo el patrimonio familiar. Esta medida busca garantizar la continuidad de las actividades agrícolas y pecuarias tras el fallecimiento del titular original, protegiendo así la estabilidad económica de miles de familias productoras.
Ampliación del derecho humano al agua
El legislador zacatecano detalló que el dictamen propone una evolución conceptual en la legislación: ampliar el derecho humano al agua más allá del consumo doméstico y personal. Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales contemplan incluir los usos agrícola, pecuario y acuícola bajo este paraguas de protección, bajo la premisa de que sin el líquido vital es imposible garantizar la producción de alimentos. Esta visión integral busca blindar la seguridad alimentaria del país, entendiendo que el acceso al agua en el campo impacta directamente en la mesa de todos los mexicanos.
Combate al acaparamiento y mayor control
En materia de gobernanza, el proyecto legislativo plantea la restitución del Órgano de Cuenca, dotándolo de mayores facultades de planeación y supervisión. Este organismo contará con la participación activa de usuarios y autoridades locales, descentralizando la toma de decisiones para atender las necesidades específicas de cada región hidrológica.
Asimismo, se establecen candados rigurosos para erradicar la especulación y el acaparamiento. Las nuevas normas prohíben explícitamente la concentración de grandes volúmenes de agua en una sola persona física o moral y sancionan prácticas irregulares como el desvío, la renta de derechos o el uso del recurso para fines distintos a los autorizados en el título de concesión.
Para respaldar estas medidas de vigilancia, se creará un Sistema Nacional de Información Hídrica actualizado y un padrón público de concesiones. Estas herramientas tecnológicas permitirán monitorear en tiempo real la trazabilidad del recurso, asegurando transparencia y facilitando la detección de abusos.
Sostenibilidad y simplificación administrativa
El dictamen también aborda la sostenibilidad ambiental y la eficiencia administrativa. Por un lado, se amplían los plazos para solicitar prórrogas de concesiones, evitando que los productores pierdan sus derechos por vencimientos prematuros o trámites engorrosos. Por otro, se fortalecen los Consejos de Cuenca y se incrementa la corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en la gestión del agua.
Finalmente, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales integran criterios diferenciados para proteger a los pueblos originarios y comunidades rurales, además de promover el reúso de aguas tratadas y la recuperación de acuíferos sobreexplotados. Mejía Haro concluyó reiterando su compromiso de impulsar estas modificaciones para asegurar que la gestión del agua en México se rija por principios de justicia social, equilibrio ecológico y protección al patrimonio de los productores, especialmente de los zacatecanos.