En encuentro con la prensa, Mejía Haro abordó la controversia generada por el Decreto 315, recientemente aprobado, el cual introduce cambios sustanciales en la forma en que se asignan las patentes notariales en el estado. La reforma faculta al Poder Ejecutivo estatal para realizar la designación directa de cuatro notarías en sedes vacantes, un movimiento que ha encendido las alarmas en el gremio jurídico por el riesgo que implica saltarse los procesos tradicionales de la carrera notarial.
El riesgo de la discrecionalidad frente a la meritocracia
El punto medular de la crítica se centra en la incorporación del artículo 66 Bis a la Ley del Notariado de Zacatecas. Según el análisis jurídico expuesto por el legislador de Morena, esta disposición resulta inadmisible en un Estado de derecho moderno, ya que permite otorgar una patente notarial de manera inmediata y concede, a posteriori, un periodo de “preparación” que puede extenderse hasta por 20 meses.
Mejía Haro subrayó que esta lógica contraviene los principios fundamentales del Sistema del Notariado Latino, modelo al que se adscribe México, donde la premisa básica es que la capacidad técnica y jurídica debe acreditarse rigurosamente antes de que un individuo reciba la facultad de ejercer la fe pública, no después.
“El notariado es un pilar del Estado de derecho, y su fortaleza descansa en la independencia y la alta preparación técnica de quienes ejercen la fe pública”, aseveró el diputado. Permitir que personas sin la evaluación previa indispensable validen actos legales pone en entredicho la seguridad del patrimonio de las familias. Escrituras de propiedad, contratos mercantiles, testamentos y otros documentos esenciales podrían carecer de la solidez necesaria si son avalados por funcionarios que aún se encuentran en “periodo de aprendizaje”.
Respaldo institucional al Colegio de Notarios
El representante federal manifestó su total coincidencia con la postura institucional del Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas, así como del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Ambos organismos han calificado la reforma como un retroceso histórico que vulnera la certeza jurídica en la entidad.
Para contextualizar la gravedad del cambio en la Ley del Notariado de Zacatecas, Mejía Haro recordó los estrictos filtros que existían anteriormente para ocupar una vacante, los cuales garantizaban que solo los perfiles más aptos accedieran a esta responsabilidad. El proceso previo se basaba en la meritocracia y la transparencia, e incluía:
- La emisión de una convocatoria pública y abierta.
- La acreditación de, al menos, 12 meses de práctica ininterrumpida y comprobable dentro de una notaría.
- La presentación de un riguroso examen académico y práctico (oral) ante un jurado compuesto por cinco sinodales especializados.
- La obtención de una calificación mínima de 80 puntos como requisito indispensable para aprobar.
- La superación de un examen final de oposición frente a otros aspirantes.
Este esquema aseguraba que la patente notarial no fuera una concesión política, sino el reconocimiento a una trayectoria de preparación técnica. Al eliminar o flexibilizar estos requisitos mediante la designación directa, se abre la puerta a la discrecionalidad y se debilita la confianza ciudadana en una institución clave para la vida civil y económica del estado.
Implicaciones para la ciudadanía y el futuro legal
El debate sobre la Ley del Notariado de Zacatecas no es un asunto meramente administrativo o gremial; tiene repercusiones directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. La certeza jurídica es el suelo sobre el que se construye la economía y el patrimonio familiar. Si la imparcialidad y la profesionalización del notario se ven comprometidas por nombramientos políticos, la validez de los actos jurídicos queda expuesta a cuestionamientos y nulidades futuras.
Ulises Mejía Haro concluyó su intervención reiterando que la defensa de la carrera notarial es sinónimo de defender la legalidad y proteger a la sociedad zacatecana. Hizo un llamado a la reflexión sobre las consecuencias de debilitar los mecanismos de evaluación y control, advirtiendo que la fe pública no debe ser moneda de cambio, sino una garantía de estabilidad social.
Con este posicionamiento, el legislador se suma a las voces que exigen revisar los alcances del Decreto 315, priorizando la excelencia profesional sobre las decisiones unilaterales, en un momento donde la transparencia es una exigencia primordial de la ciudadanía hacia sus gobernantes.