La reforma, emanada de la Comisión de Justicia, busca armonizar el marco legal para castigar conductas que, aunque afectan gravemente la integridad psicoemocional de las víctimas, carecían de una clasificación precisa en la ley federal.
Freno al asedio y la violencia digital
El dictamen establece definiciones claras para el acoso sexual, describiéndolo como el asedio o intimidación reiterada con fines lascivos, incluyendo aquel que se realiza a través de medios digitales. Las nuevas sanciones contemplan penas de uno a tres años de prisión, además de multas económicas.
Al respecto, el diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, destacó que esta modificación es un paso crucial para cerrar vacíos legales. “Tipificar con firmeza estas violencias permite atenderlas de forma oportuna y evitar que escalen a hechos más graves”, señaló el legislador, subrayando que estas conductas suelen ser la antesala de agresiones mayores.
El “Acecho”: Nueva figura en el Código Penal
Una de las innovaciones más relevantes de esta reforma es la incorporación del acecho como delito. Esta figura permitirá sancionar la vigilancia, el seguimiento o el contacto no deseado y reiterado, incluso si no existe una connotación sexual de por medio.
El objetivo de esta medida es proteger la tranquilidad y libertad de las personas frente a patrones de conducta que alteran su vida cotidiana. La legislación ahora reconoce que el uso de tecnologías y medios electrónicos son mecanismos comunes para cometer estos atropellos.
Cero tolerancia a servidores públicos
La reforma aprobada también impone un estándar de conducta más alto para los funcionarios del Estado. El diputado Mejía Haro puntualizó que el dictamen contempla sanciones específicas para servidores públicos que utilicen su cargo para incurrir en estas prácticas, incluyendo:
- Destitución inmediata del puesto.
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- Agravantes adicionales si la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Con esta aprobación, el Congreso de la Unión busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales de derechos humanos, colocando la dignidad de las víctimas y su derecho a una vida libre de miedo como el eje central de la política criminal del país.