Una propiedad valuada en más de mil 200 millones de pesos fue donada de manera ilegal a prestanombres, implicando a funcionarios y notarios en un esquema de corrupción y daño ecológico.
La isla Barracuda, ubicada en el municipio de Sisal en Yucatán, ha sido objeto de un esquema que involucra la apropiación indebida de un patrimonio nacional por parte de redes de corrupción y mafias inmobiliarias. La propiedad, formada por el impacto del huracán Gilberto y que aún conserva su ecosistema original, no ha sido explotada turísticamente, lo que aumenta su valor ecológico y patrimonial. Sin embargo, mediante un proceso de donación a título gratuito en 2014, un grupo que incluiría a exfuncionarios y notarios públicos, entre ellos Luis Silveira Cuevas, facilitó la transferencia ilegal de la isla a 40 personas, que funcionan como prestanombres.
Este movimiento ocurrió sin que las autoridades municipales percebirán adecuadamente el valor real del inmueble, estimado en entre 50 y 60 millones de dólares, equivalente a aproximadamente mil millones de pesos. La trama involucró sobornos, falsificación de documentos y una serie de actores clave, incluyendo a exservidores públicos y profesionales del derecho, que aprovecharon la complejidad administrativa para facilitar la transferencia ilícita. La isla, que solo puede construirse en un porcentaje reducido de su superficie, ahora está en proceso de venta en lotes o de manera global, atrayendo interés de empresarios nacionales e internacionales.
Asimismo, es importante contextualizar que estas acciones reflejan un patrón de despojo de tierras en la región, impulsado por intereses económicos que han puesto en riesgo la conservación ecológica de áreas protegidas y el patrimonio natural de Yucatán. La relevancia de esta situación trasciende lo local, evidenciando la necesidad de mecanismos eficientes de control y fiscalización a nivel federal y estatal para evitar la pérdida irreparable de bienes públicos y naturales. La comunidad y las autoridades deben actuar para detener este ilícito, que además representa un grave daño ambiental y patrimonial para la nación.