Millones de litros de aguas residuales de la industria porcina ponen en riesgo la principal fuente de agua potable del estado.
Mérida, Yucatán. La expansión de mega granjas porcícolas en Yucatán genera una grave amenaza para el acuífero subterráneo, única fuente de agua para comunidades, la capital y la industria, debido a la infiltración de millones de litros de aguas residuales. Las características geográficas del estado, con un sistema kárstico altamente permeable, facilitan la rápida diseminación de contaminantes, poniendo en riesgo el suministro de agua potable para miles de personas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó en junio de 2025 que 186 granjas porcícolas registradas en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) generaban anualmente alrededor de 11 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Aunque 116 de estas instalaciones reportaron reutilizar sus aguas tratadas para riego agrícola, organizaciones ambientales señalan un panorama distinto.
En 2023, la organización Mercy For Animals Latinoamérica identificó mediante análisis satelital al menos 872 posibles mega granjas, muchas situadas en Áreas Naturales Protegidas y humedales de importancia internacional. Previamente, en 2020, Greenpeace México documentó la existencia de 257 granjas, de las cuales más del 90% operaba sin Manifestación de Impacto Ambiental, a pesar del riesgo que representa para uno de los sistemas hídricos más críticos del país.
La península de Yucatán, con su suelo calizo y la ausencia de ríos superficiales, hace que el acuífero subterráneo sea extremadamente vulnerable. La infiltración de desechos porcícolas, que incluyen excretas y otros residuos, puede contaminar directamente las reservas de agua potable. La deforestación asociada a la expansión de esta industria, estimada por Greenpeace en al menos 11,000 hectáreas de selva, agrava la situación al alterar el equilibrio ecológico y la capacidad del suelo para filtrar contaminantes.
En la comunidad maya de Santa María Chí, los efectos de la operación de la granja San Gerardo, de la empresa Pecuaria Peninsular, son palpables. Habitantes denuncian afectaciones a la salud y al medio ambiente, intensificadas por la expansión de la granja, que llegó a albergar más de 49,000 cerdos. La quema de excretas porcícolas en mayo de 2023 generó humo tóxico, provocando enfermedades respiratorias. Además, se han documentado pozos contaminados, pérdida de fertilidad en árboles frutales y hortalizas, y lesiones en animales domésticos.
Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal y defensor ambiental, y Candelario Collí Sansores, activista, ambos integrantes de la Red de defensa del agua y territorio maya, To’one Ja’o’on, Somos Agua, han denunciado los daños causados por megagranjas, incluyendo las de Kekén, filial de Grupo Kuo. Estos activistas exigen el derecho a un medio ambiente sano para las comunidades mayas, una lucha que busca proteger la salud de las generaciones presentes y futuras. La situación en Santa María Chí ilustra la urgencia de regular y controlar la industria porcícola para salvaguardar los recursos hídricos de Yucatán.