La expansión del tren en la península ha causado daños ambientales y sociales que agravan la crisis hídrica, aumentan la violencia y alteran la vida de comunidades tradicionales.
La implementación del Tren Maya en la península de Yucatán ha generado consecuencias alarmantes en el medio ambiente y en las comunidades locales, extendiendo sus efectos más allá del desarrollo turístico y ferroviario. A lo largo de su recorrido, se han registrado pérdidas de aproximadamente 20 millones de árboles, la destrucción y perforación de numerosos cenotes y cavernas, así como la contaminación de acuíferos por infraestructura metálica, lo que amenaza la integridad de los recursos hídricos de la región.
Este proyecto, impulsado con la intención de promover el desarrollo económico y una mayor inclusión social en poblaciones tradicionales, ha desencadenado un proceso de urbanización acelerada. La llegada del tren ha favorecido la especulación inmobiliaria, promoviendo la construcción de desarrollos sin considerar el adecuado tratamiento de aguas residuales ni el uso sustentable del agua, evidenciando un riesgo de crisis hídrica en la zona. La sobreexplotación y contaminación de los acuíferos evidencian que el recurso no escasea por falta de agua, sino por su manejo insostenible.
Por otro lado, las comunidades cercanas han enfrentado un incremento de la violencia y la militarización. Durante la construcción y operación, miles de militares han sido desplegados, alterando la vida cotidiana y generando desconfianza entre los habitantes. El aumento en la inseguridad, con registros de desapariciones, asesinatos y enfrentamientos vinculados al crimen organizado, refleja una problemática que va más allá del impacto ambiental, afectando el tejido social y la estabilidad de las comunidades.
Expertos advierten que estas afectaciones son solo el inicio de una serie de daños a largo plazo y subrayan la falta de estudios profundos sobre las consecuencias futuras. La expansión territorial y urbanística en la península, articulada bajo la intención oficial de impulsar el crecimiento económico, está provocando impactos irreversibles en ecosistemas y modos de vida, cuyas repercusiones apenas comienzan a ser visibles.
En este contexto, la prioridad debe ser la evaluación responsable de los daños y la implementación de políticas que protejan tanto el patrimonio natural como social en la región, antes de que los efectos sean aún más irreversibles.