Mérida, Yucatán. – La investigadora social Gina Villagómez Valdés, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), ha señalado que el narcotráfico y el narcomenudeo son factores determinantes en el incremento de los feminicidios en la entidad, advirtiendo que mientras estas cadenas de suministro no se rompan, la violencia contra las mujeres seguirá en aumento.
Villagómez Valdés subrayó la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comprenda a fondo los circuitos delictivos en cada municipio. Según su análisis, el consumo de drogas, incluso en menores de edad, es un detonante directo de los feminicidios, además de las raíces culturales de patriarcado y misoginia. La experta enfatizó que el vínculo entre alcohol, drogas y violencia extrema contra mujeres es innegable.
La investigadora también criticó la falta de atención y acompañamiento por parte de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) a los casos de violencia denunciados. Señaló que la dependencia ha dejado de brindar apoyo jurídico para promover denuncias y ha abandonado casos de violencia económica, vicaria, psicológica y sexual, así como procesos de divorcio y custodia. Esta situación, atribuida a una medida federal, deja a las mujeres desprotegidas y aumenta el riesgo de violencia y feminicidios.
Como propuestas para combatir esta problemática, Villagómez Valdés insistió en que una víctima de violencia nunca debe regresar con su agresor. Abogó por la ampliación de la cobertura de protección a través de refugios seguros que ofrezcan oportunidades de autonomía para las víctimas. Lamentó la ausencia de refugios para víctimas de violencia extrema en Yucatán, a excepción de Mérida, y la necesidad de programas de apoyo ampliado para menores de edad, incluyendo subsidios de renta y microcréditos para el emprendimiento.
La investigadora también resaltó la importancia de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) garantice la reparación integral del daño a las víctimas de feminicidio, abarcando restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Esto debe hacerse mediante planes personalizados y financiamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).
Además, consideró fundamental la implementación de una política educativa en salud sexual y reproductiva, no solo informativa sino también formativa en las escuelas. La activación adecuada de la NOM-046-SSA2-2005 fue enfatizada, ya que esta norma oficial mexicana es clave para atender violencia familiar y sexual, reconociendo la violación como una urgencia médica y garantizando el acceso a servicios de salud, anticoncepción de emergencia y aborto seguro en casos de violación.
Finalmente, sugirió la implementación de la Ruta NAME (Detección, Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años) en Yucatán. Esta estrategia busca coordinar instituciones para garantizar los derechos de estas jóvenes, brindarles acompañamiento y prevenir el embarazo adolescente. Respecto a la labor de la Fiscalía, aunque reconoció la actualización de protocolos para el registro de feminicidios, subrayó la importancia de los grupos de la sociedad civil en el seguimiento de casos y la oferta de cursos de prevención del delito dirigidos a diversos sectores de la población.