La administración pasada adquirió deudas y desvió recursos, dejando un municipio con servicios suspendidos y conflictos sociales en medio de investigaciones.
La gestión pasada en Tizimín, Yucatán, a cargo de Pedro Cohuo Suaste, dejó un legado de deudas, desvíos de recursos y graves deficiencias en servicios públicos. La administración actual, liderada por Adrián Quiroz, enfrenta ahora multas y amenazas de suspensión del suministro eléctrico debido a adeudos acumulados desde hace años, que ascienden a más de tres millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad. La situación financiera del municipio refleja el impacto de una administración marcada por irregularidades, incluyendo pagos incompletos a empleados y comisarios municipales, y un incremento en los niveles de desorden administrativo.
El estado del medio ambiente también evidencia el deterioro provocado por decisiones anteriores. El relleno sanitario del municipio, en la zona X-Bohom, se ha convertido en un vertedero a cielo abierto, generando focos de infección y bloqueando vialidades, mientras la falta de unidades de recolección agrava la problemática. La respuesta del anterior alcalde a estos problemas fue, en ocasiones, desafiante, justificando los incumplimientos con el argumento de dejar pendientes sin resolver.
En materia de obras públicas, la remodelación del centro histórico, presupuestada en 50 millones de pesos, permanece paralizada, afectando la movilidad y la imagen urbana, en un contexto donde, en 2023, no se ejecutaron obras de gran impacto pese a contar con un presupuesto superior a los 343 millones de pesos. A esto se suman acusaciones de desvío de fondos en eventos como la Expo Feria de Reyes, donde reportes oficiales indican que solo la mitad de los ingresos por estacionamiento y derechos de venta se habrían contabilizado, dejando una brecha millonaria. Asimismo, conflictos laborales y denuncias de cobros ilegales por parte del ex alcalde han generado confrontaciones que empeoran la imagen de su gestión.
Este escenario resalta la necesidad de fortalecer la transparencia, además de la importancia de implementar controles efectivos en la administración pública local para evitar que errores del pasado afecten el desarrollo y bienestar de la comunidad.