Progreso, Yucatán. – El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (INCCOPY) ha desembolsado 650 millones de pesos de los más de 1,350 millones de pesos presupuestados para la ampliación y modernización del puerto de altura Maya Kab, a pesar de la notable ausencia de avances verificables en la obra. La magnitud del gasto contrasta significativamente con el estado actual del proyecto, que el gobierno estatal promociona como una de las obras más importantes del sexenio. La empresa Mexicana de Dragados S.A. de C.V., encargada del proyecto, recibió un anticipo del 30% del total del contrato, equivalente a más de 350 millones de pesos, al inicio de los trabajos. Sin embargo, el proyecto se ha visto envuelto en tropiezos legales, amparos, inconsistencias documentales y señalamientos ambientales, lo que ha provocado retrasos y la interrupción parcial de las labores. A pesar de la narrativa oficial que asegura que todo está “en tiempo y forma”, la realidad en el terreno y la documentación firmada por el propio INCCOPY sugieren un escenario de opacidad. Una de las principales irregularidades detectadas es la aparente falta de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Semarnat, requisito indispensable para una obra marítima de esta envergadura. Esta ausencia documental coincide con una resolución de un Tribunal Colegiado que ordenó la suspensión provisional del dragado por falta de consulta y autorización ambiental. José Isaac González Bernal, titular del INCCOPY, es el responsable directo del manejo del proyecto, del gasto y de la vigilancia operativa. Ha firmado cláusulas que permiten anticipos, supervisión externa, calendarios acelerados y la posibilidad de convenios modificatorios y aumentos de costos, utilizando un esquema de “precios unitarios” que históricamente puede facilitar la inflación de costos. Las comunidades de Progreso, Chelem y Chuburná, lejos de beneficiarse, han sido las primeras afectadas. Los pescadores
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