En el contexto de las decenas de protestas que se registran cada mes en la Secretaría de Gobernación, existen agrupaciones que han transformado estas movilizaciones en una forma de vida para obtener fondos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Estas organizaciones han encontrado en las protestas una vía para acceder a recursos económicos y beneficios diversos, en algunos casos de manera fraudulenta.
El método que emplean es sencillo pero efectivo. La estrategia consiste en que las protestas terminan en que las manifestantes reciben mayores recursos o bien en que las oficinas gubernamentales deben cerrar, vandalizar las instalaciones o intentar ingresar para obligar la apertura de mesas de diálogo. En estos encuentros, además de solicitar protección, llegan a pedir placas de taxis, lo que evidencia un aprovechamiento de las situaciones de vulnerabilidad para fines económicos.
Este modus operandi ha generado ganancias millonarias para los involucrados. Según diversas solicitudes de información, en algunos casos estas personas logran obtener hasta medio millón de pesos al mes, beneficiándose con recursos como vivienda, escoltas, transporte y tarjetas de dinero con un monto mensual que oscila entre 8 mil y 30 mil pesos. Estos grupos, que en su origen surgieron tras una tragedia o con el propósito de defender una causa, han ido adquiriendo un perfil de gestores de supuestas víctimas, quienes son incorporadas al mecanismo de protección de manera irregular.
La forma en que actúan ha provocado que otros colectivos de víctimas y hasta integrantes de estos mismos grupos dejen de apoyar sus causas. La razón principal es que consideran que están desvirtuando el trabajo de activistas genuinos que realmente necesitan recursos y protección, y que han visto cómo estas movilizaciones se convierten en una fuente de beneficios económicos para algunos. La percepción de que el movimiento ha sido cooptado por intereses económicos ha generado desconfianza y división dentro de las mismas comunidades afectadas.
Datos oficiales indican que, al mes de junio de 2025, un total de mil 536 personas estaban incorporadas al mecanismo de protección. De ellas, 669 son periodistas, 1,240 defensores de derechos humanos y 425 familiares. Además, se ofrecen 63 servicios de escoltas, lo que equivale a 261 elementos en total, y en 72 casos se brindan arrendamientos de viviendas para reubicación temporal, reforzando así la percepción de que algunos de estos apoyos se utilizan con fines no genuinos.
Un ejemplo claro de estas prácticas es el colectivo Fundación Iris, que ha sido identificado con este modus operandi. El pasado jueves, esta organización regresó a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, siendo la tercera vez en el presente sexenio que realiza movilizaciones para gestionar apoyos. De acuerdo con documentos obtenidos, la lideresa del grupo, Ericka Nicteha Flores, junto con su núcleo familiar—que incluye a sus tres hijas, un hijo, su padre y su madre—reciben en diversas medidas de protección aproximadamente 520 mil pesos mensuales, los cuales cubren servicios como botones de emergencia, medidas de reubicación temporal y protección personal, además de alimentación.
En esta ocasión, Flores Gutiérrez solicitó la incorporación extraordinaria e inmediata de 11 personas al mecanismo, pero, tras ofrecerse a abrir una mesa de trabajo para analizar cada caso, el grupo decidió instalar un plantón en las inmediaciones. Durante los diálogos con las autoridades federales, además de pedir protección, han solicitado otros apoyos y recursos como placas de taxi, vivienda, becas, pago de colegiaturas, permisos para comercio en la vía pública e incluso puestos de trabajo. La estrategia de presión incluye el cierre de vialidades y edificios públicos, así como movilizaciones en instituciones como la Comisión de Víctimas del Estado de México, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación.
Otra organización que ha destacado por su participación en protestas sin demandas concretas es Holy Yash. Desde el inicio de este sexenio, este colectivo ha estado en al menos diez ocasiones manifestándose en la sede de la Secretaría de Gobernación, sin presentar peticiones específicas. Sus acciones han incluido la instalación de plantones, intentos de ingreso, pintas, rotura de cristales y bloqueos en las entradas, con el fin de impedir el ingreso y salida de trabajadores, además de enfrentamientos breves con las fuerzas policiales.
Este grupo suele acudir acompañado de menores de edad, a pesar de que cuentan con viviendas pagadas por el sistema de atención a víctimas de la Secretaría de Gobernación. La lideresa y su núcleo familiar perciben ingresos por parte del mecanismo de aproximadamente 70 mil pesos mensuales, y continuamente movilizan a sus integrantes para solicitar más apoyos. En algunas ocasiones, estas protestas han llegado a replicarse en instancias internacionales, como la sede de la ONU en México, donde instalaron un campamento en febrero pasado.
Las autoridades han señalado que a este colectivo se le atiende desde 2022, brindándoles apoyo del mecanismo, además de mesas interinstitucionales, acompañamiento en diligencias ministeriales y asistencia jurídica para revisar sus carpetas de investigación. Sin embargo, muchas de las acciones que tenían programadas no se han concretado, debido a la inasistencia o negativa de los mismos colectivos a participar en los procesos. Otra forma de operar detectada es la del Colectivo 10 de marzo, que ha presentado amparos para que personas sean integradas al mecanismo, pese a que, tras revisión, se determinó que el riesgo no está relacionado con la labor de defensa de derechos humanos.
Este fenómeno, que combina movilizaciones masivas y aparentes demandas legítimas con intereses económicos, ha generado un debate sobre la integridad del mecanismo de protección y la correcta asignación de recursos a quienes realmente los necesitan, poniendo en evidencia la existencia de un negocio en torno a las protestas sociales.