El gobierno local asegura gratuidad en las playas, pero impone condiciones que restringen el disfrute libre y generan controversia sobre privatización.
El ayuntamiento de Tulum ha anunciado la apertura de sus playas para el uso público, garantizando que el acceso será gratuito y sin cobros. Sin embargo, las condiciones impuestas a los visitantes incluyen la prohibición de llevar alimentos, bebidas, hieleras y sombrillas, en un esfuerzo por mantener el orden y apoyar a los negocios del área. Estas restricciones han generado debate, ya que limitan de manera significativa la libertad de disfrutar de los recursos naturales, creando interpretaciones sobre una posible privatización encubierta del espacio público. La medida, además de favorecer un modelo turístico basado en el consumo, afecta especialmente a quienes acuden con recursos propios o de bajos ingresos, quienes tradicionalmente disfrutan de la playa sin restricciones. Analistas y defensores del espacio público advierten que estas condiciones contravienen los derechos ciudadanos y podrían abrir paso a prácticas privatizadoras disfrazadas de regulación, poniendo en riesgo la sustentabilidad del entorno costero. La iniciativa refleja una tendencia en el sector turístico que prioriza la rentabilidad sobre la equidad en el acceso a las playas, que, aunque gratuitas en teoría, en la práctica limitan el derecho colectivo a su uso libre y democrático.