La Comisión de Recursos Hidráulicos analiza la iniciativa presidencial, tras múltiples modificaciones y protestas de agricultores y transportistas. La sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Congreso inició después de las 10 de la mañana del 3 de diciembre, en un proceso marcado por una intensa discusión. Encabezada por la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, representante del estado de Veracruz, la reunión tuvo como único tema analizar y votar la propuesta de la administración federal para crear una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales existentes. Durante el debate, se presentaron seis posturas a favor y otros seis en contra del dictamen, que ha generado un amplio debate tras las modificaciones hechas a raíz de protestas masivas. La semana pasada, agricultores y transportistas realizaron manifestaciones para exigir cambios, logrando que la propuesta reconociera las concesiones heredadas y redujera algunas penas penales, aspectos que antes estaban en duda. El gobierno federal sostiene que el objetivo central del marco legal es evitar que el agua se transforme en una mercancía y promover un uso responsable del recurso. La iniciativa contempla la creación de una autoridad centralizada, que posiblemente será la Autoridad Nacional del Agua, encargada de gestionar y regular las concesiones, bajo un esquema que consolidaría las funciones de la actual Comisión Nacional del Agua (Conagua). No obstante, actores del campo advierten que aún persisten restricciones y sanciones severas, además de reclamaciones por la regulación de recursos sin concesión, como pozos y usos en libre alumbramiento. Líderes campesinos alertan que, si no se atienden estas demandas, podrían retomarse las protestas, incluyendo bloqueos de carreteras y aduanas. Este proceso refleja las tensiones entre la necesidad de una gestión eficiente del agua y las demandas de sectores productivos, a la vez que evidencia la complejidad de legisla
