Comerciantes afectados denuncian cancelaciones injustificadas y repartición de locales a personas ajenas, en un proyecto que prometía reactivar la economía local.
El Mercado “Florentino Hernández Bautista”, en la colonia Gaviotas de Villahermosa, enfrenta una crisis que refleja posibles irregularidades en la administración pública y afecta a decenas de locatarios. A tres meses de su inauguración, el centro de abasto muestra un panorama de locales cerrados, disputas legales y denuncias por despojos y favoritismos en la asignación de espacios. La estructura moderna, construida con una inversión aproximada de 130 millones de pesos por el gobierno federal, no ha logrado consolidarse como un polo de comercio y turismo por conflictos internos y decisiones polémicas.
Desde que el mercado fue demolido y reconstruido, los comerciantes prometieron que sus derechos serían respetados, especialmente quienes tenían concesiones desde 1986. Sin embargo, al reubicarse en el nuevo inmueble en mayo pasado, muchos descubrieron que sus espacios habían sido entregados a personas ajenas y a empresas con vínculos económicos que parecen tener prioridad en la asignación. La situación se agravó cuando la alcaldesa de Centro, Yolanda del Carmen Osuna Huerta, evitó acudir a las entregas oficiales y las protestas, generando descontento entre quienes ven en estas acciones un acto de favoritismo.
Además, los pequeños comerciantes han relatado cómo han tenido que endeudarse para poder instalar sus negocios en el nuevo mercado, enfrentando la pérdida de servicios básicos y con temor a seguir perdiendo sus espacios. La falta de apoyo institucional y la exclusión en las decisiones de reubicación han impedido que la reactivación económica prometida se materialice, trayendo como consecuencia una disminución significativa en la actividad comercial del centro de abasto.
Este conflicto pone en evidencia posibles prácticas de favoritismo y falta de transparencia en la asignación de espacios públicos, afectando derechos adquiridos y provocando una pérdida de confianza en las autoridades locales y federales. La situación también refleja cómo decisiones mal gestionadas en proyectos de infraestructura pueden tener un impacto devastador en las economías familiares, aumentando la desigualdad y generando tensiones sociales en la comunidad.
Contexto: La problemática revela posibles abusos en la gestión de espacios públicos y enfatiza la necesidad de transparencia y diálogo en procesos de reconstrucción de infraestructura comercial, cruciales para el bienestar económico de las comunidades.