La expansión de desarrollos privados ha reducido significativamente el acceso libre a las playas en el destino turístico, afectando derechos ciudadanos y conservación.
El emblemático acceso a las playas del Caribe Mexicano enfrenta una importante regresión, pues solo tres de las 14 playas originalmente públicas en Cancún mantienen actualmente un ingreso libre al mar. La transformación de estos espacios, impulsada por cambios en la normativa y el crecimiento urbano, ha llevado a que la mayoría de los arenales destinados al disfrute público se conviertan en espacios privados o concesionados.
Este proceso se inició con el Plan Maestro de 1982, elaborado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que delimitó áreas costeras como playas públicas. No obstante, sucesivas modificaciones en los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) han permitido reclasificar zonas antes abiertas al público bajo categorías ambiguas, facilitando permisos para hoteles y empresas privadas. Como resultado, menos de ocho mil metros cuadrados permanecen libres en un litoral originalmente diseñado para el acceso ciudadano.
Documentos revisados por organizaciones ambientales y de derechos en la región evidencian cómo playas tradicionales, como Playa Langosta, Las Perlas y Tortugas, han sido convertidas en espacios restringidos, lo que implica una pérdida significativa para la comunidad. La privatización de playas históricas, como Playa Linda, que hoy opera como un punto exclusivo para turismo privado, ejemplifica este fenómeno.
La erosión urbana también ha reducido la superficie de playas emblemáticas. Playa Ballenas, que originalmente contaba con 34 mil metros cuadrados accesibles, se redujo a unos pocos metros en los que se levantó un hotel, cerrando así una ventana al mar. Por su parte, Playa Delfines, conocida por su mirador y su famoso letrero, es la única que mantiene parcialmente su carácter público, aunque también ha disminuido en tamaño.
Recientes decisiones judiciales han marcado un precedente para proteger estos espacios. En abril de 2024, un fallo ordenó detener permisos de construcción en Playa Delfines y recuperar su carácter de área natural protegida, reafirmando la importancia de garantizar el acceso público a las playas.
Organizaciones como Derecho a un Medio Ambiente Sano demandan que los planes de desarrollo futuros restituan a las playas Langosta, Las Perlas y Tortugas como públicos, en cumplimiento con leyes nacionales que promueven el libre tránsito y acceso a las zonas costeras. La consolidación de estos derechos resulta crucial para preservar el patrimonio natural y social del destino turístico.