Ciudad de México. – La reciente operación militar estadounidense en Venezuela ha reavivado el debate sobre la intervención de Estados Unidos en América Latina, poniendo el foco en la denominada “doctrina Donroe”. Este término, una fusión de los nombres Donald Trump y la histórica Doctrina Monroe, es analizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como una reinterpretación contemporánea y más agresiva de la política exterior estadounidense.
La Doctrina Monroe, formulada en 1823, buscaba inicialmente advertir a las potencias europeas sobre la no intervención en el continente americano. Sin embargo, con el tiempo, fue utilizada para justificar acciones intervencionistas por parte de Estados Unidos. La “doctrina Donroe”, según críticos, es una estrategia de la administración Trump para legitimar una política exterior unilateral y más intervencionista.
Juan Carlos Barrón Pastor, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, advierte en un artículo de la Gaceta UNAM que esta doctrina implica una peligrosa normalización de la acción militar sin una reflexión profunda sobre sus consecuencias. Barrón Pastor señala que la “doctrina Donroe” debilita organismos multilaterales como la OEA y la ONU, y pone en riesgo alianzas como la OTAN, al promover una lógica de dominio unilateral que carece de sustento en el derecho internacional.
El propio expresidente Trump ha vinculado sus acciones recientes en Venezuela con una renovada aplicación de la Doctrina Monroe, ahora bajo el nombre “Donroe”, argumentando amenazas a los intereses estadounidenses. Sin embargo, esta reinterpretación ha generado críticas internacionales, que señalan un posible aumento de tensiones geopolíticas, reacciones adversas en la región y un deterioro de las normas de soberanía y autodeterminación.
Expertos coinciden en que, si bien el objetivo declarado es proteger la seguridad hemisférica, la “doctrina Donroe” podría interpretarse como un intento de restaurar la hegemonía estadounidense en el continente. Para muchas naciones latinoamericanas, representa un preocupante retorno a políticas intervencionistas del pasado, exacerbando la incertidumbre regional y cuestionando el respeto a los principios de no intervención y los mecanismos diplomáticos multilaterales.