La resolución establece que la decisión final sobre la devolución de recursos se tomará en una votación del Consejo General, asegurando derechos al partido implicado.
Un resolutivo reciente del Poder Judicial establece que la autoridad electoral debe ceder la facultad de solicitar la devolución de remanentes de financiamiento público a la Unidad Técnica de Fiscalización, con supervisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta decisión implica que el proceso no será automático, sino que estará sujeto a una votación del órgano colegiado, garantizando el derecho a audiencia de los partidos políticos y la participación del Consejo en la decisión final.
Desde 2015, la justicia electoral ha reconocido la obligación de los partidos de devolver los recursos que no hayan sido utilizados en campañas, así como la facultad del órgano electoral para solicitarle la devolución. Sin embargo, recientes litigios han abierto la discusión sobre si los partidos deben también conservar remanentes de financiamiento público de un año fiscal a otro, una postura defendida por algunos partidos, incluido Morena, que busca modificar las reglas para mantener esos recursos.
En el contexto de la discusión en torno a una reforma electoral en 2023, Morena impulsó cambios legales que permitían a los partidos conservar recursos no utilizados y destinarlos en ejercicios fiscales posteriores, pero estas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia por trámites legislativos irregulares. Paralelamente, en el proceso de fiscalización de las campañas federales de 2024, el INE ordenó la devolución de los fondos no utilizados, pero la Procuraduría de Prerrogativas impugnó el procedimiento ante el Tribunal Electoral.
El tribunal, en una resolución unánime, determinó que la Fiscalía de Fiscalización debe realizar las gestiones y que la decisión final recae en el Consejo General del INE, garantizando los derechos de los partidos y la transparencia del proceso. La propuesta fue presentada por el magistrado presidente Gilberto de Guzmán Bátiz García, resaltando la importancia de un procedimiento democrático y ajustado a la legalidad.