Sonora, Sonora. – El reciente descarrilamiento de un tren, que ha resultado en múltiples víctimas mortales y heridos, pone en entredicho la ejecución y supervisión de obras públicas emblemáticas del actual gobierno. La tragedia, que se suma a un incidente previo en menos de un mes, genera cuestionamientos sobre la capacidad de la administración para admitir fallas y asumir responsabilidades.
La recurrente frase “ya cuando se descarrile el tren, es otro pedo”, atribuida a un contexto informal y de aparente ligereza, resuena ahora con la cruda realidad de vidas perdidas y personas afectadas. La confianza depositada por 241 pasajeros en una obra presentada como estandarte de transformación se ha visto traicionada, convirtiéndose en un grave riesgo.
Más allá de las explicaciones técnicas, la interrogante central es de índole política: ¿quién asumirá la responsabilidad? Históricamente, se anticipa un patrón de culpar a quienes informan, a la oposición o al “uso político de la tragedia”, mientras se administra el dolor como un problema de comunicación. La utilización de eufemismos y malabares retóricos para defender lo indefendible, como calificarlo de “evento ferroviario” o minimizar su gravedad, busca desviar la atención de la cruda realidad: el tren se descarriló y hubo fallecidos.
Surgen preguntas cruciales sobre la cadena de responsabilidades: ¿Se investigará a los proveedores de materiales, diseñadores de vías, aprobadores de planos, supervisores y quienes decidieron acelerar obras sin las condiciones técnicas adecuadas? ¿Existen los expedientes técnicos, evaluaciones y dictámenes, o forman parte de un “expediente invisible”?
Es pertinente recordar que este proyecto tuvo responsables políticos directos, nombrados desde la más alta jerarquía. Sin embargo, se prevé que la dilución administrativa opaque la identificación de culpables, llevando a la conclusión generalizada de que “nadie tiene culpa”, culpando al maquinista, al clima o al destino.
Las advertencias de especialistas internacionales en sistemas ferroviarios, que desde 2023 señalaron el riesgo de operar trenes modernos sobre infraestructura deficiente y sin señalización adecuada, evidencian que no se trató de un imprevisto. Fue un riesgo anunciado, pero desestimado en favor de mantener un relato y priorizar la narrativa sobre la corrección de errores.
La corrupción y la ineptitud, a menudo encubiertas por propaganda e inauguraciones, cobran un precio elevado en vidas humanas. Las fallas estructurales, al igual que otros factores, tienen la capacidad de matar.
Si bien es cierto que los accidentes ferroviarios ocurren en todo el mundo, la diferencia radica en las tasas de siniestros desproporcionadas, los sistemas improvisados y la normalización del error. La respuesta a estos percances, especialmente aquellos ocurridos poco después de inauguraciones, marca la distinción fundamental.
La acusación de que quienes señalan responsabilidades “quieren que le vaya mal al país” es un viejo recurso para confundir crítica con traición. La exigencia no es para perjudicar a México, sino para evitar que se gobierne con ocurrencias, amistades o lealtades personales, lo cual transforma obras públicas en trampas financiadas con recursos públicos.
La demanda de revisiones reales, peritajes independientes y correcciones profundas no es sabotaje, sino responsabilidad cívica. Lo verdaderamente ofensivo no es la crítica, sino la ligereza y soberbia previas con las que se abordó la posibilidad de un descarrilamiento, creyendo que nada ocurriría. Hoy sí ocurrió, y el costo fue en vidas.
Es imperativo llamar las cosas por su nombre: fue un descarrilamiento, hubo muertos, heridos y negligencia. Quienes se beneficiaron o ganaron poder con una obra mal ejecutada no pueden ocultarse tras el lenguaje o el silencio. El verdadero escándalo no es la crítica, sino la aparente inacción del gobierno de la 4T ante esta tragedia.