La causa del incendio en Hermosillo involucra a exfuncionarios en cargos de protección civil y en la gestión del pasado, generando tensiones políticas en el Estado.
Un caso de gran impacto en Sonora termina conectando a figuras del pasado político con las actuales investigaciones sobre la tragedia en la tienda Waldo’s, que dejó 24 víctimas fatales. La pesquisa revela que Juan Manuel González, un exfuncionario que desempeñó roles clave en la Secretaría de Agricultura y Protección Civil del Estado, brindó declaraciones ante la justicia que indican irregularidades en los permisos y regulaciones que permitieron la operación de la tienda en condiciones peligrosas.
González informó que en 2021 se detectaron al menos 14 observaciones en el establecimiento, pero estas no fueron atendidas por la empresa, la cual continuó operando sin las autorizaciones completas. Esta situación ocurrió a pesar de que las instalaciones no eran propiedad de Waldo’s, sino de bancos y empresas inmobiliarias, mientras que la tienda afectada pertenecía a una empresaria del sector agronegocios en Hermosillo. La investigación también señala que la firma utilizó documentación apócrifa para tramitar permisos, complicando aún más la responsabilidad en el caso.
En el ámbito político, las investigaciones comenzarán a señalar a figuras de la administración pasada, específicamente a exfuncionarios de la gobernadora Claudia Pavlovich, como Miguel Pompa Corella y Alberto Flores Chong. Fuentes allegadas indican que Pompa Corella, quien fue secretario de Gobierno, mantiene una relación cercana con el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, incluso coordinando candidaturas en el norte del país. Estas conexiones sitúan el caso en un contexto donde los viejos actores políticos parecen tener protección o influencias sobre las nuevas investigaciones, lo que añade tensión al proceso.
El conocimiento público de documentos oficiales que muestran autorizaciones firmadas sin atender las irregularidades detectadas por gobiernos anteriores intensifica la percepción de una posible complicidad política. Estas pruebas podrían influir en la apuración de responsabilidades, poniendo en jaque a exfuncionarios y revelando la persistente influencia de figuras del pasado en decisiones que afectan la seguridad pública.