Durango y Coahuila aseguran que la central sindical utilizaba su estructura para prácticas ilícitas, mientras empresarios denuncian tácticas de presión en Sonora.
Los gobernadores de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas, acusaron públicamente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de estar vinculada con actividades de extorsión y de haber utilizado a su central sindical para el envío de mensajes y prácticas ilícitas. Estas declaraciones surgen en medio de una disputa por la influencia sindical en diversos estados, en la que ambos mandatarios insisten en que la relación entre sectores sindicales y ciertos líderes no es solo formal, sino activa y comprometida.
Asimismo, evidencias y testimonios aseguran que la organización sindical de “El Limones”, presunto miembro de la CTM y detenido por delitos relacionados con delincuencia organizada, tenía cercanía con la dirigencia nacional sindical y con su líder, Pedro Haces. Sin embargo, este último ha negado rotundamente cualquier vínculo y ha calificado las acusaciones como estrategias políticas para frenar la influencia de la organización en regiones tradicionales de otros sindicatos.
En paralelo, en Sonora, empresarios de diversos sectores acusan a la Central de Trabajadores de la Economía y el Trabajo (Catem) de implementar tácticas de presión y extorsión para obtener contratos y cuotas económicas. La líder sindical Carolina Lara y la sublider Marisela Parra están señaladas por presionar a empresas constructoras y otros negocios, incluso en casos sin empleados sindicalizados, mediante amenazas de huelga o conflictos laborales si no acceden a sus demandas.
Este escenario evidencia el conflicto que atraviesa el movimiento sindical en México, marcado por la lucha por el control y la influencia en un contexto de mayor vigilancia gubernamental y denuncias de prácticas abusivas. La relevancia de estas acusaciones radica en cómo revelan posibles redes de corrupción y el impacto en la relación entre sindicatos, empresarios y gobierno, en un momento decisivo para la reforma laboral en curso.