La falta de recursos por parte del gobierno estatal y federal compromete la estabilidad financiera y el servicio universitario en San Luis Potosí.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) atraviesa una profunda crisis financiera debido a retrasos en la entrega de recursos por parte del gobierno estatal y federal que datan desde hace años. La institución acumula una deuda superior a los 600 millones de pesos, lo que pone en riesgo pagos de nómina, inversión en infraestructura y mantenimiento de sus instalaciones. La situación ha provocado movilizaciones estudiantiles y protestas en la facultad de Estomatología, donde alumnos cerraron el acceso para exigir congelar subidas en precios y mantener descuentos para adultos mayores.
El adeudo se agrava por las condiciones del presupuesto asignado, pues la universidad recibe solo una fracción del porcentaje comprometido por el convenio con el gobierno local, en un 9% de un 16% pactado. Los fondos no utilizados, además, deben ser devueltos al gobierno federal, pero en muchas ocasiones son desviados o utilizados para otros fines, oculta o intencionadamente. La falta de apoyo presupuestal limita la compra de equipamiento y materiales esenciales, impactando la calidad del servicio y la formación académica. La Universidad ha pedido mayor colaboración y transparencia, advirtiendo que si la situación persiste, podría generarse una inestabilidad que afectaría a toda la comunidad académica y al funcionamiento institucional. Las autoridades universitarias también denuncian intentos de interferencia en su autonomía mediante demandas de auditorías que sólo buscan controlar recursos propios, una práctica que consideran injustificada y perjudicial.
Este escenario refleja un problema estructural de financiamiento en las universidades públicas mexicanas, donde la falta de recursos frena el desarrollo académico, limita la atención a los estudiantes y vulnera derechos fundamentales como la educación de calidad. La situación de la UASLP es emblemática de la crisis que enfrentan muchas instituciones en el país, agravada por políticas presupuestales que priorizan otros gastos y dejan en segundo plano la inversión en educación superior.