La situación de la narcopolítica en México cobra mayor relevancia tras la relación entre el general Audomaro Martínez Zapata y el caso de los extraditables de Sinaloa. Este general, ligado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido fundamental en la designación de altos mandos de seguridad, incluyendo al también general Gerardo Mérida Sánchez.
Fuentes cercanas a la administración de Sinaloa indican que Martínez fue quien recomendó a Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública del estado. Esta decisión fue bien recibida por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien confió en la propuesta del director del CNI, lo que puso a Mérida en una posición de poder. Sin embargo, la situación se complica al revelarse que el mandatario retirado enfrenta acusaciones graves de conspiración vinculadas con el tráfico de drogas.
Mientras la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, intenta desvincular a Mérida Sánchez de las acusaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional ha negado haber hecho dicha recomendación. Las afirmaciones apuntan a que el control de estas decisiones en materia de seguridad recae en Martínez, bajo la supervisión del presidente López Obrador.
Este contexto ha llamado la atención del Departamento de Estado de EE. UU., que ha comenzado a actuar legalmente en relación con los lazos de narcopolítica en México. La administración de Joe Biden hereda una estrategia de confrontación impulsada por Donald Trump, quien busca emplear el combate al narcotráfico como herramienta política en su campaña electoral. La amenaza se amplía al partido Morena, que podría ser objetivo debido a su desafío ideológico frente a influencias estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a estos desafíos al reafirmar su compromiso con la soberanía y la “transformación” en México. Este mensaje refleja una postura clara frente a las presiones externas y una defensa frente a la situación política interna.
Con información de eluniversal.com.mx