El estado registra un aumento alarmante en reportes de personas desaparecidas, sin avances claros en las investigaciones y con miles de familias en incertidumbre.
Sinaloa atraviesa su año más crítico en materia de desapariciones, con más de 1,000 reportes oficiales en los primeros diez meses de 2025. La cifra, que duplica el total del año anterior, refleja una tendencia creciente que se ha intensificado desde 2024 y que coloca a la entidad en su nivel más alto en la última década. Estos datos provienen del Consejo Estatal de Seguridad Pública, basado en registros nacionales, y evidencian un escenario de crisis en las respuestas institucionales para localizar a las personas desaparecidas.
Durante las últimas semanas, cinco jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, han sido denunciados como desaparecidos en distintas zonas de Culiacán y Mazatlán. A un mes de sus reportes, las autoridades no han comunicado avances en las investigaciones, ni han ofrecido hipótesis o líneas de trabajo concretas. La falta de información pública alimenta la incertidumbre y refleja una respuesta aún insuficiente ante un problema que afecta principalmente a zonas urbanas.
El incremento en los reportes es una tendencia sostenida en los últimos años: en 2020 se registraron 304 desapariciones, en 2021, 323; en 2022, 219; en 2023, 303; y en 2024, 486. La cifra para 2025 supera ampliamente esos números, colocando a Sinaloa como uno de los estados con mayores tasas en el país. especialistas y colectivos de búsqueda advierten que la respuesta institucional no ha logrado frenar esta ola, y que la sociedad continúa enfrentando obstáculos para el acceso a justicia y reparación.
Este fenómeno se contextualiza en un escenario nacional donde el problema de las desapariciones ha adquirido dimensiones alarmantes, impulsado por factores como la violencia y la inseguridad. Sin embargo, en Sinaloa, la tendencia de incrementos consecutivos requiere acciones urgentes y estratégicas, tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía. La falta de comunicación y la ausencia de avances concretos en los expedientes recientes generan una brecha de confianza en las instituciones encargadas de atender estos casos, que afecta a miles de familias que aún esperan respuestas y certeza sobre el paradero de sus seres queridos.