CULIACÁN, SINALOA. – La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, junto con su grupo parlamentario en el Congreso local, han solicitado de manera formal al gobernador Rubén Rocha Moya la renuncia inmediata de María Guadalupe Ramírez Zepeda, titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Los panistas argumentan una pérdida de autoridad moral de la funcionaria tras recientes escándalos relacionados con gastos excesivos y la controvertida reforma que eliminó los organismos autónomos de información.
Wendy Barajas Cortés, presidenta estatal del PAN, y Roxana Rubio Valdez, coordinadora de la bancada panista, señalaron que Ramírez Zepeda debe dejar el cargo por “dignidad y vergüenza” mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Esta exigencia se intensifica después de que el gobernador Rocha Moya ordenara una indagatoria interna sobre el presunto uso indebido de recursos públicos destinados a viajes y viáticos de lujo.
La permanencia de Ramírez Zepeda se considera insostenible, especialmente tras revelarse que tuvo que reintegrar 150 mil pesos por concepto de alimentación y hospedaje que excedían los límites permitidos. A pesar de la devolución del recurso, la diputada Roxana Rubio afirmó que “el hecho de regresar el dinero no borra la falta”, enfatizando la necesidad de un manejo impecable de los fondos públicos desde el inicio.
Uno de los puntos de mayor conflicto es la aprobación en el Congreso de Sinaloa, a través de una votación rápida, de la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP). Con esta medida, las funciones de transparencia serán asumidas por el Poder Ejecutivo, específicamente por la Secretaría de Transparencia, a cargo de Ramírez Zepeda.
El PAN ha condenado esta acción, calificando la situación como una concentración de poder que anula la imparcialidad y el derecho ciudadano a conocer el destino del erario. Recordaron que fue un gobierno panista el que impulsó la primera Ley de Acceso a la Información en México, considerando la presente medida como una regresión democrática.
Las dirigencias del PAN concluyeron que la eliminación de un organismo autónomo de vigilancia podría propiciar un ambiente propicio para la corrupción. La exigencia de remover a María Guadalupe Ramírez Zepeda es vista no solo como una postura política, sino como una medida necesaria para prevenir la normalización de la opacidad en la estructura gubernamental de Sinaloa. Hasta el momento, el Ejecutivo estatal no ha emitido una declaración oficial respecto a la solicitud de remoción, mientras la investigación interna continúa sin resultados públicos.