Guamúchil, Sinaloa. - La alcaldesa morenista Guadalupe López González está intentando imponer multas ilegales a las empresas de telecomunicaciones Telmex, Megacable y Totalplay, que ascienden a 1,500 millones de pesos por la instalación de cable de fibra óptica sobre infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Datos clave
- Quién: Guadalupe López González, alcaldesa de Guamúchil.
- Qué: Multas de 1,500 millones de pesos a empresas de telecomunicaciones.
- Dónde: Municipio de Salvador Escobedo, Sinaloa.
- Cuándo: Proceso en curso, reportes recientes.
En el municipio de Salvador Escobedo, al norte de Culiacán, las acciones de López González han generado controversia. Se señala que estas multas son parte de un esquema extorsivo que busca obtener ingresos a través de sanciones exorbitantes sin fundamento legal. A pesar de que la regulación de telecomunicaciones es competencia de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, se están utilizando prácticas de presión para forzar a las empresas a aceptar pagos ilegales.
Además, se ha denunciado que el ayuntamiento ha cortado el servicio de cable, afectando a la población local, lo que constituye un delito federal al atentar contra las vías generales de comunicación. Esta situación ha llamado la atención del Poder Legislativo, donde el diputado Mario Zamora ha presentado un Punto de Acuerdo para solicitar una revisión del actuar del gobierno municipal ante la Federación.
¿Qué tipo de sanciones se imponen?
Las sanciones propuestas por el municipio son desproporcionadas en comparación con las normativas establecidas. Mientras que el reglamento local contempla multas cercanas a 60 mil pesos por construcciones sin autorización, en Guamúchil se pretende cobrar más de 410 mil pesos por cada “coordenada” de cableado. Este modus operandi incluye la oferta de “condonaciones” sobre las sanciones, lo que refuerza la percepción de extorsión institucional.
¿Cómo afecta esto a las empresas de telecomunicaciones?
Las empresas afectadas se encuentran ante un dilema: aceptar las sanciones injustificadas o enfrentarse a cortes de servicio que impactan a sus usuarios. Además, este incidente podría tener repercusiones a nivel nacional, ya que podría atraer la atención de organismos internacionales que supervisan el cumplimiento de acuerdos en el sector telecomunicaciones.
El resultado de este conflicto se determinará en tribunales federales, donde se evaluarán los límites legales de la autoridad municipal en telecomunicaciones. La situación en Sinaloa destaca cómo los intereses políticos pueden interferir con los derechos de las empresas y la población.
Con información de razon.com.mx