Gobernadores cuestionan la gestión de la Guardia Nacional y buscan reducir la presencia del Ejército en sus estados ante el empeoramiento de la inseguridad.
La crisis de inseguridad que enfrenta Michoacán ha replanteado la relación entre los gobernadores y las Fuerzas Armadas en diversas regiones del país. En particular, los mandatarios de Sinaloa y Tabasco expresan inquietudes respecto a la efectividad de la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el combate a la delincuencia. Desde semanas previas, ambos gobiernos han señalado que la coordinación con las fuerzas militares no funciona de manera óptima, lo que dificulta la implementación de estrategias de seguridad integral.
El vínculo jerárquico entre la Guardia Nacional y el Ejército genera tensiones internas, especialmente en Estados donde la presencia militar ha incrementado en los últimos meses. Opiniones internas revelan que la estructura organizacional de la Guardia no responde adequate a las necesidades locales, además de que las relaciones personales en altos mandos, como las del general Ricardo Trevilla y el secretario Omar García Harfuch, también influyen en las decisiones operativas. La percepción ciudadana en municipios como Culiacán sigue siendo de alta inseguridad, a pesar de la presencia militar prolongada, lo que genera preocupación en las autoridades locales y afecta aún más la confianza pública.
En un contexto más amplio, la tendencia a centralizar la seguridad en las fuerzas armadas limita la autonomía de los gobiernos estatales para coordinar respuestas efectivas a los delitos. La misma situación se observa en otros estados donde la influencia del Ejército y la Sedena prevalece, obstaculizando la responsabilidad política de los mandatarios en la materia. La apuesta por nuevas estrategias y una mayor articulación entre los niveles de gobierno resulta estar en pausa, mientras la delincuencia continúa afectando a las comunidades.
La compleja relación entre las autoridades civiles y militares refleja un escenario donde la seguridad pública sigue siendo un tema prioritario para la estabilidad regional y nacional, demandando una revisión profunda en los modelos de coordinación y operación de las fuerzas policiales y militares.