La decisión protege la libertad de información de los periodistas en México, crucial en tiempos de seguridad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una reforma al Código Penal de Sinaloa, impuesta por su potencial impacto negativo en la libertad de prensa. Esta ley, similar a una propuesta por el diputado Jorge Ramos Hernández en Baja California, fue criticada por criminalizar a los periodistas que monitorean actividades de seguridad pública.
La SCJN argumentó que la norma restringía el acceso a información vital y no especificaba qué datos podrían considerarse perjudiciales. El riesgo de inhibir la labor informativa en asuntos de seguridad pública es significativo, protegiendo así los derechos periodísticos esenciales en el país.