La reciente solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa marca un punto de inflexión en las relaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Los extraditables, entre ellos Rubén Rocha Moya, secretario de Seguridad, están relacionados con el crimen organizado.
El requerimiento incluye figuras destacadas como el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Este movimiento está diseñado para dar un mensaje claro: Estados Unidos no solo busca a los líderes del narcotráfico, sino también a quienes los protegen políticamente.
Claudia Sheinbaum respondió inmediatamente al anuncio, rechazando las acusaciones y exigiendo pruebas sustanciales, lo que fue respaldado por la Fiscalía General de la República. A pesar de su postura firme, la situación evolucionó cuando se supo que el exsecretario de Seguridad se entregó a las autoridades en Arizona y que el exfinanciero hizo lo mismo en Nueva York.
Este evento representa la primera vez que Estados Unidos demanda extradiciones de este tipo, ampliando su enfoque hacia políticos y funcionarios. La magnitud de esta situación no puede subestimarse, ya que indica un interés por parte de Washington en erradicar no solo a los criminales, sino también a sus redes de apoyo.
A medida que avance el proceso, se anticipa que lleguen más solicitudes por parte de Estados Unidos, lo que podría acentuar la presión sobre el gobierno mexicano para proporcionar evidencias y abordar estos vínculos.
Con información de milenio.com