La reciente entrega de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exfuncionarios de Sinaloa, a las autoridades, pone de manifiesto las complicadas redes de poder en el estado. Ambos líderes sabían que su futuro en manos de la justicia estadounidense era inminente, por lo que decidieron colaborar a cambio de posibles beneficios legales.
Mérida, quien dirigió la XXV Zona Militar en Puebla, y Díaz son parte de una lista de diez políticos mexicanos que enfrentan solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos. El gobernador de Sinaloa con licencia, Rúben Rocha Moya, se convierte en el foco de atención del gobierno federal, que busca evitar su captura. En este contexto, tejiendo alianzas se vuelve vital para salvaguardar su continuidad.
Mientras tanto, el senador Enrique Inzunza, aunque insiste en su permanencia en Sinaloa, ha eludido su obligación de aparecer en público. Los rumores en torno a su posible colaboración con las autoridades estadounidenses han inquietado a sus colegas morenistas. Se habla de un escudo de protección que aún abarca a tres figuras clave del partido, pero este podría desvanecerse más pronto que tarde.
El entorno político se complica aún más con la inclusión de Nacho Mier, un político poblano en el centro de esta trama. A pesar de no ser de Sinaloa, su implicación en negociaciones previas, junto a figuras como Adán Augusto, lo convierte en un objetivo para las investigaciones de Estados Unidos. Mier, al haber estado presente en la polémica "narco-elección", se enfrenta a la inminente posibilidad de que su nombre se vincule con la caída de Rocha Moya.
El tiempo es un factor crítico en esta odisea política, y el desenlace podría no estar lejos, dejando en el aire cuántos días pasarán antes de que las consecuencias se sientan en el seno de Morena.
Con información de intoleranciadiario.com