Culiacán, Sinaloa. – Autoridades de EE.UU. han presentado acusaciones por narcotráfico en contra de varios políticos latinoamericanos, resaltando la situación en Sinaloa. Entre los acusados, el gobernador Rubén Rocha Moya está vinculado al Cártel de Sinaloa y otros funcionarios también enfrentan serias imputaciones.
La Administración de Control de Drogas (DEA) señala que Rocha Moya obtuvo su cargo en 2021 con ayuda de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán y que habría prometido proteger sus operaciones. Además, la DEA indica que permitió que el cártel operara sin obstáculos en su estado. Las investigaciones revelan detalles sobre la corrupción y los supuestos beneficios económicos recibidos por los funcionarios involucrados.
Entre los nombres destacados se encuentran Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general del Estado, y Juan Valenzuela Millan, un alto mando de la policía municipal, ambos acusados de colaborar con el cártel a cambio de pagos mensuales y de participar en actividades delictivas, incluyendo el secuestro y asesinato de informantes. Las acusaciones sugieren un entramado complejo de corrupción en el gobierno local.
Además, el senador Enrique Inzunza Cazárez y otros altos funcionarios también enfrentan serias acusaciones por narcotráfico. Similarmente, figuras políticas en Colombia, como el presidente Gustavo Petro, han sido señaladas por su supuesta relación con el narcotráfico por parte del expresidente Donald Trump, destacando los crecientes problemas de corrupción en la región.
Las repercusiones de estas acusaciones aún están en desarrollo, mientras que el gobierno de EE.UU. avanza en su estrategia para combatir el narcotráfico en América Latina, lo que podría afectar seriamente las relaciones diplomáticas en la región.
