Ciudad de México. – Un sismo político se registra en México tras la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios, señalados por narcotráfico y supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Esta situación enciende el debate sobre la corrupción en la política mexicana.
La acusación se produce en un contexto de creciente tensión bilateral, acentuado por la presunta muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua durante operaciones antidrogas. El fiscal federal Jay Clayton ha comenzado una investigación sobre la supuesta conspiración de Rocha Moya y otros, en la que se argumenta que habrían colaborado con el cártel para importar drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político.
Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que se examinarán las pruebas que sustenten las acusaciones. Según la ley mexicana, se requiere evidencia concreta para proceder legalmente, lo que plantea un desafío para las autoridades estadounidenses que buscan la extradición de los implicados.
Rocha Moya ha rechazado contundentemente las acusaciones, calificándolas de infundadas y de ser un ataque político. La respuesta del gobierno mexicano incluye una queja formal ante la embajada estadounidense, cuestionando la falta de confidencialidad en el manejo de la información. Esta situación pone en jaque el respaldo al gobierno estatal y aviva las críticas de la oposición sobre la corrupción y los vínculos con el crimen organizado.
La investigación en curso y el desarrollo de este caso generan una fuerte expectativa sobre las posibles repercusiones legales y políticas tanto en el estado de Sinaloa como en la administración de Claudia Sheinbaum, presidenta de México.