Senador de Chihuahua impulsa amparos contra Ley General de Aguas por inconstitucionalidad y falta de consulta indígena.
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. – El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, anunció la habilitación de formatos de amparo indirecto para oponerse al decreto de la Ley General de Aguas, publicado el 11 de diciembre de 2025. La nueva legislación ha sido criticada por supuestas violaciones a derechos constitucionales y la omisión de consulta previa a comunidades indígenas.
Vázquez calificó la norma como regresiva y advirtió sobre el impacto negativo en comunidades como las de la Sierra Tarahumara, donde productores indígenas operan pozos sin documentación formal. Según el senador, esto podría derivar en la criminalización de actividades esenciales para su sustento.
Los amparos buscan impugnar la ley por violaciones al principio de no retroactividad, la seguridad jurídica, los derechos humanos al agua y al patrimonio productivo. Adicionalmente, se argumenta la falta de consulta informada y previa a pueblos indígenas, un requisito indispensable cuando sus formas de vida se ven afectadas.
El senador destacó que la ley podría generar incertidumbre en la herencia y venta de tierras, disminuir el valor de propiedades productivas y aumentar la discrecionalidad administrativa, con el consecuente riesgo de corrupción. También señaló la concentración de decisiones en autoridades centrales desvinculadas de las realidades locales.
Los formatos de amparo están disponibles en el sitio web mariovazquez.mx y están dirigidos a diversos sectores, incluyendo personas físicas y morales, comunidades, titulares de derechos de agua, productores agrícolas y ganaderos, y cualquier persona con un interés legítimo afectado patrimonialmente.
La promoción de estos amparos se puede realizar de forma presencial o en línea, con fecha límite el 20 de enero de 2026. Vázquez busca declarar inconstitucionales las disposiciones regresivas de la ley, salvaguardar derechos adquiridos y prevenir retrocesos que afecten al campo mexicano y a las familias productoras.
Tras recorrer municipios de la Sierra Tarahumara, el senador reiteró su preocupación por la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y defendió la necesidad de certeza jurídica en el uso del agua, argumentando que la ley es autoaplicativa y sus efectos negativos son inmediatos.