La decisión refleja la ausencia de apoyos institucionales para la paternidad activa, generando controversia sobre derechos de cuidado y desigualdad de género.
En una sesión marcada por diferencias políticas, el Senado de la República rechazó la solicitud de licencia de paternidad de Héctor Roberto Capetillo Lizama, juez en Yucatán, quien buscaba ausentarse 90 días con goce de sueldo para atender a su hija prematura con complicaciones de salud. La petición se fundamentaba en un acuerdo del extinto Consejo de la Judicatura Federal que contemplaba licencias por paternidad, aunque dicha disposición fue eliminada en 2024 tras reformas impulsadas por el gobierno federal.
La decisión fue tomada por una mayoría de 51 legisladores alineados con el bloque de la Cuarta Transformación, compuesto por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, frente a 35 votos en contra de legisladores de partidos opositores y 12 abstenciones. La mayoría argumentó que no poseen facultades para otorgar permisos superiores a un mes con goce de sueldo y que el marco legal vigente limita estas solicitudes.
Organizaciones sociales y expertos en derechos humanos consideran que esta decisión representa un retroceso institucional en la protección de los derechos de cuidado parental. La abogada Melissa Ayala advirtió que la negación envía un mensaje de que el cuidado de los hijos sigue siendo un asunto exclusivo de las mujeres, perpetuando desigualdades de género y afectando la conciliación laboral y familiar en el país. Además, resaltó que en los debates legislativos little he abordado temas clave como la infancia, la paternidad activa y el impacto social de estas decisiones.
A pesar del discurso oficial que promueve la igualdad sustantiva, expertos y colectivos advierten que estas acciones consolidan prácticas que distribuyen de forma desigual las responsabilidades de cuidado, haciendo evidente la necesidad de reformas que prioricen estos derechos y fomenten una verdadera equidad de género.
Este caso refleja un escenario en el que, a pesar de avances legales y discursos progresistas, las instituciones aún enfrentan retos para garantizar derechos fundamentales asociados a la familia, en un contexto donde la equidad de género sigue siendo una meta pendiente para el Estado mexicano.