La reforma incrementa las sanciones y establece medidas para fortalecer la persecución del delito, incluyendo agravantes y creación de un centro de denuncias. El Senado de la República dio luz verde a una reforma legal que busca fortalecer la lucha contra la extorsión mediante el incremento en las penas y la incorporación de nuevos mecanismos de prevención y persecución. La legislación elevó las sanciones que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión, además de contemplar agravantes específicos como la violencia, el uso de armas, el aprovechamiento de información privada o la comisión del delito desde centros penitenciarios. Este cambio legal tiene como objetivo responder a la percepción de que la extorsión se ha convertido en una de las amenazas más peligrosas para ciudadanos, empresarios y migrantes en el país. La propuesta apunta a que las investigaciones sobre este delito sean de carácter oficial, facilitando así la detección y persecución efectiva sin que las víctimas tengan que realizar denuncias de manera voluntaria. Además, se establece la creación de un Centro de Atención a Denuncias especializado en extorsiones, que coordinará acciones para fomentar la cultura de denuncia y prevenir estos delitos. La reforma también contempla medidas internas para los centros penitenciarios, como restricciones en las comunicaciones y aislamiento en casos específicos, con el fin de dificultar la operación de redes extorsivas desde las prisiones. Los cambios entrarán en vigor en un plazo de 180 días, durante los cuales las legislaturas locales deberán armonizar sus leyes con la nueva normativa. En los próximos meses se espera que estas acciones contribuyan a reducir la incidencia de la extorsión en el país, garantizando un mayor nivel de protección para los afectados.
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