Ciudad de México. – Al iniciar su segundo año de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado una notable acumulación de poder, evidenciada por la reciente salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, este poder no se traduce automáticamente en control absoluto sobre la agenda legislativa ni sobre sus aliados políticos, especialmente de cara a las próximas reformas electorales y la configuración de candidaturas para 2027. La administración Sheinbaum enfrenta un panorama complejo, marcado por el ruido internacional, incluyendo la reciente tensión con Estados Unidos y los eventos en Venezuela, que han reconfigurado el inicio de su segundo año. Internamente, la mandataria se prepara para impulsar reformas electorales que buscan, entre otras cosas, reducir el número de legisladores plurinominales y acotar el financiamiento de los partidos políticos. Morena, el partido en el poder, se muestra poco receptivo a las críticas de sectores opositores respecto a sus pretensiones de modificar el sistema electoral. La narrativa oficialista busca reivindicar sus triunfos como propios y no como resultado del sistema, impulsando la necesidad de un nuevo andamiaje institucional que refleje una refundación. La intención, sin embargo, no garantiza el éxito, y la Presidenta debe sortear la diferencia entre tener poder y ejercer un control efectivo. La salida de Gertz Manero, un logro significativo, no asegura la aprobación de reformas legislativas al vapor, como ocurrió en administraciones anteriores. Tampoco garantiza la disciplina de los aliados electorales de Morena, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quienes podrían no plegarse fácilmente a iniciativas como la erradicación del nepotismo o la reducción de espacios legislativos. La Presidenta se enfrenta a la paradoja de un oficialismo que, contando con mayorías y poca oposición interna, podría mostrar reticencia a aprobar medidas que lo limiten. La posibilidad de
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