CIUDAD DE MÉXICO. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para afrontar en 2026 un periodo de alta complejidad y decisiones trascendentales que pondrán a prueba su independencia y rol institucional. El máximo tribunal del país deberá abordar una agenda cargada de temas que tocan los cimientos del sistema de justicia, la economía, los derechos humanos y la transparencia, con un enfoque particular en su relación con la Cuarta Transformación. Entre los desafíos más apremiantes se encuentran la revisión de la prisión preventiva oficiosa, la distinción entre salarios mínimos y Unidades de Medida y Actualización (UMA), el derecho a la consulta previa para personas con discapacidad, la doble tributación del IVA en aduanas, los límites para la interrupción legal del embarazo, y las impugnaciones de leyes impulsadas en el sexenio anterior. Adicionalmente, la SCJN enfrenta el reto interno de reactivar y modernizar su Comité de Transparencia, que presenta un rezago histórico en la atención de recursos y solicitudes de información pública. Prisión preventiva oficiosa en la mira Uno de los temas centrales para 2026 será la revisión de la constitucionalidad y el alcance de la prisión preventiva oficiosa. La nueva integración de la Corte, que inició funciones en septiembre de 2025, tendrá la tarea de analizar esta figura que permite mantener a una persona en prisión sin sentencia, a pesar de las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su incompatibilidad con la presunción de inocencia. La resolución sobre si esta medida es constitucional o no, pendiente desde hace tiempo, es de alta controversia y se debate en un contexto de señalamientos de politización y presiones. De eliminarse, no implicaría liberaciones automáticas, sino la obligación de fiscalías y jueces de justificar la necesidad de la prisión preventiva en cada caso, acreditando riesgos de fuga u obstrucción de la justicia. Salarios mínimos vs. UMAs en indemnizaciones Otro a
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