Ciudad de México. – Los primeros cien días de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han estado signados por polémicas y desacuerdos internos, destacando la actuación de la ministra Lenia Batres y debates sobre la interpretación de leyes y jurisprudencia.
Desde su inicio, la integración de la Corte, surgida de una reforma judicial, ha estado bajo escrutinio. La ministra Lenia Batres ha sido un foco de atención por sus propuestas, incluyendo una que buscaba reconsiderar el principio de cosa juzgada, secundada por el ministro Hugo Aguilar. Adicionalmente, se ha observado una reticencia a revisar leyes aprobadas por el Poder Legislativo, incluso cuando existen vicios en su proceso de aprobación.
El constitucionalista Camilo Saavedra señaló tempranamente la incertidumbre sobre cómo la Corte abordaría la jurisprudencia, enfatizando la necesidad de adherirse a la Constitución, tratados, leyes y criterios previos, a pesar de la libertad inherente de los ministros para resolver.
Uno de los primeros debates relevantes ocurrió el 7 de octubre, cuando la ministra Lenia Batres presentó un proyecto para anular el criterio que invalidaba leyes relacionadas con personas con discapacidad si estas no habían sido consultadas. A pesar de que Batres afirmó que el pleno había invalidado el proyecto, este no fue votado en esa sesión. La controversia surgió porque la Convención Internacional de Derechos para personas con discapacidad estipula la invalidación de tales leyes si no hay consulta previa.
Organizaciones de personas con discapacidad solicitaron una audiencia pública para pedir que no se eliminara la consulta y que las comisiones de derechos humanos pudieran interponer acciones de inconstitucionalidad en su nombre. Tras estas peticiones, el Pleno acordó recibirlos, y en la primera jornada, ministros como Giovanni Figueroa y Yasmín Esquivel aclararon que el tema aún estaba en discusión. Finalmente, el proyecto de Batres fue retirado.
Los desencuentros ministeriales se hicieron evidentes. El 3 de noviembre, la ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto de controversia constitucional negando facultades a municipios de Chihuahua para cobrar licencias de construcción de subestaciones eléctricas. La discrepancia con otros ministros, como Giovanni Figueroa, quien defendía las facultades municipales, generó tensión. Ortiz criticó interpretaciones erróneas de algunos colegas, a lo que el ministro presidente Hugo Aguilar defendió a su personal de ponencia.
Otro incidente ocurrió el 4 de noviembre entre el ministro Figueroa y la ministra María Estela Ríos. Durante una discusión sobre las competencias de la fiscalía de Quintana Roo, Figueroa usó el término “reducción al absurdo”, que Ríos interpretó como una alusión personal. El ministro presidente intervino para mediar la situación.
Ese mismo día, el ministro presidente Hugo Aguilar experimentó un momento incómodo al ser cuestionado por un estudiante en la UNAM sobre la capacidad de los nuevos juzgadores. La ministra Loretta Ortiz, cuya visita a la facultad estaba programada esa semana, finalmente no asistió.
Las quejas por el trato a las víctimas también salieron a la luz. El 19 de noviembre se debatió la reviviscencia del fideicomiso de la Comisión de Atención a Víctimas. El proyecto, impulsado por el ministro Giovanni Figueroa, no obtuvo los votos suficientes para ser aprobado, quedando a un voto de distancia. Ministros como Sara Irene Herrerías votaron en contra, lo que organizaciones de derechos humanos criticaron al considerar que la SCJN no priorizaba a las víctimas.
En cuanto a los casos de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, la SCJN rechazó recursos de amparo contra créditos fiscales. Lo notable fue la rapidez con la que se discutieron, prácticamente sin debate. La ministra Batres participó en la votación, a pesar de que la parte quejosa solicitó su abstención debido a previas animadversiones expresadas contra el empresario.
Un tema de gran controversia fue el planteamiento de revisar el criterio que impide reabrir juicios con sentencia firme en casos de presunto fraude en la resolución. Cinco ministros, incluyendo a Lenia Batres, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y el presidente Hugo Aguilar, apoyaron la revisión. La ministra Loretta Ortiz fue designada para elaborar un proyecto al respecto. La posibilidad de revisar sentencias firmes generó preocupación sobre la certeza jurídica en el país.
El tema de la cosa juzgada llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó su desacuerdo, afirmando que “lo que ya fue juzgado ya fue juzgado”. Ante esto, la SCJN emitió un comunicado precisando que la cosa juzgada nunca ha estado en duda.
Contexto adicional revela que los nueve ministros fueron electos el 1 de junio, y sus nombres aparecieron en “acordeones” detectados por el INE, lo que generó cuestionamientos sobre la inducción del voto. El ministro presidente Hugo Aguilar, quien obtuvo la mayoría de votos, asumió el cargo por dos años, defendiendo su elección como resultado del voto popular. La independencia y corresponsabilidad institucional de los ministros fue un tema abordado en su informe de actividades el 10 de diciembre.