San Luis Potosí, San Luis Potosí. – El año 2026 se vislumbra como un momento crucial para la institucionalidad del país, marcado por la prueba de fuego para una reforma judicial que ha generado considerable debate. Más allá de la continuidad política, el foco estará en los resultados tangibles de esta reforma frente a los desafíos que enfrentará el Estado mexicano.
Juan Francisco Aguilar Hernández, ex diputado local y socio Director de AVK Firma Legal, enfatiza que la justicia no opera aisladamente. En 2026, convergerán presiones políticas, sociales, económicas y de seguridad que demandarán un Poder Judicial robusto, técnico y legítimo. La verdadera evaluación de la reforma radicará en su capacidad para responder a estos retos de manera efectiva.
Aguilar Hernández señala que la reforma parte de la premisa de que el Poder Judicial ha perdido legitimidad social, ya que para muchos ciudadanos, el acceso a la justicia sigue siendo sinónimo de dilación, incertidumbre y desigualdad. Por ello, se espera un cambio perceptible en la experiencia del ciudadano, no solo en la estructura del sistema.
Si la reforma no logra agilizar los procesos, simplificarlos y hacer comprensibles sus resoluciones, habrá fracasado, independientemente de las modificaciones constitucionales. La percepción ciudadana de la justicia se basa en la resolución de sus problemas, no en el diseño institucional.
Uno de los mayores desafíos para 2026 será salvaguardar la independencia judicial en un panorama político polarizado. Ante un Ejecutivo fuerte y un Legislativo alineado, el Poder Judicial de la Federación actuará como el contrapeso esencial.
Se espera un Poder Judicial equilibrado, capaz de resistir presiones de los poderes político, económico y mediático. Las decisiones sensibles en áreas como presupuestos, seguridad, derechos sociales, inversión y conflictos electorales locales serán determinantes. La actuación de los jueces, libre de cálculo político o temor, será fundamental para el fortalecimiento de la democracia.
En 2026, el sistema de justicia penal continuará siendo un punto crítico, con desafíos persistentes como la impunidad, la deficiente integración de carpetas y el uso abusivo de la prisión preventiva. La expectativa es contar con jueces más preparados, valientes y responsables, capaces de resolver casos de alto impacto sin ceder a presiones sociales o narrativas oficiales.
La profesionalización real y la carrera judicial serán otro reto clave, demostrando que la reforma ha erradicado prácticas históricas de nepotismo y simulación. Se espera un sistema de ascenso basado en mérito y resultados medibles.
Si en 2026 los ciudadanos perciben que los cambios son superficiales, la reforma perderá credibilidad. El juez del futuro deberá ser técnico, ético y servir a la Constitución, no a proyectos políticos.
Existe el riesgo de confundir cercanía con populismo judicial. La ciudadanía anhela jueces accesibles que dicten sentencias claras y justas, con trato digno, sin discursos vacíos o protagonismo. La reforma será exitosa si humaniza la justicia sin sacrificar su rigor.
En 2026, la reforma judicial pasará de ser una promesa a una realidad evaluable. Lo esperado no es la perfección, sino una dirección correcta hacia un Poder Judicial más transparente, eficiente e independiente. El fortalecimiento de la justicia garantizará estabilidad institucional; su debilitamiento o politización tendrá un costo profundo y duradero.
Por otro lado, el Poder Judicial enfrenta rezago en juzgados. Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), indicó que la saturación de juzgados ha causado acumulación de expedientes. Para mitigar esto, se implementará una reorganización interna mediante procesos de promoción cerrados, sin contratar personal externo.
Zarazúa Martínez reconoció que el aumento presupuestal aprobado para 2026, aunque positivo, no resolverá por sí solo el rezago, y su aplicación estará fuera del control de la actual presidencia, pasando a un nuevo órgano derivado de la reforma.
El Poder Judicial contará con un presupuesto de 1 mil 371 millones 857 mil 396 pesos para el próximo ejercicio fiscal, un incremento de aproximadamente 21.8 millones de pesos. A pesar de la valoración positiva, se trata de un punto de partida ante problemas estructurales.