Rioverde, San Luis Potosí. - Una denuncia por violencia familiar y amenazas ha permanecido estancada durante dos años, lo que llevó a una manifestación por justicia frente al Centro de Justicia Penal. La afectada y sus allegados solicitan la intervención de las autoridades estatales para frenar lo que consideran un caso de influyentismo.
Ruth Reyna Rosas, la denunciante, expone que su expareja, exintegrante de la Policía de Investigación (PDI), utiliza sus contactos para obstaculizar el avance del proceso legal. Según Reyna, el conocimiento que tiene de la corporación ha sido un obstáculo significativo en la obtención de justicia.
La victimización no solo ha afectado a Reyna, quien ha expresado que vive con miedo constante, sino que también ha impactado a su hijo menor y a sus familiares. A lo largo de este periodo, han enfrentado acoso e incertidumbre legal debido a la impunidad que perciben en el caso, sumado a la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades.
Además, Reyna ha señalado una grave falencia en la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE): las pruebas contundentes que presentó al inicio del caso no fueron integradas al expediente. Esta anomalía se dio a conocer cuando decidió cambiar de asesoría legal, lo que subraya la necesidad de un sistema judicial más eficiente y transparente.
La denunciante concluyó su manifestación solicitando urgentemente que su situación sea atendida y que las autoridades cumplan con su deber de proteger a las víctimas de violencia. La comunidad sigue de cerca la evolución del caso, teniendo la esperanza de que esta situación amplíe la conversación sobre la respuesta de las instituciones ante casos de violencia de género.
Con información de planoinformativo.com