San Luis Potosí, San Luis Potosí. – La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de San Luis Potosí se quedará sin titular a partir del 29 de diciembre de 2025, tras la renuncia irrevocable de Luis Fernando González Macías. Este hecho genera un escenario de transición crucial para la democracia local de cara a los procesos electorales de 2026.
González Macías dejará el cargo para asumir su nuevo puesto como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La notificación formal de su renuncia fue enviada al Congreso del Estado el pasado 26 de noviembre, solicitando que se diera cuenta de su ausencia definitiva conforme a la Constitución local.
El Poder Legislativo, al recibir el escrito, lo turnó a la Comisión Primera de Justicia. Ahora, el Congreso deberá notificar al Ejecutivo estatal para que este integre una terna y se designe al sucesor que encabezará la Fiscalía Electoral, una dependencia de alta relevancia estratégica.
González Macías, quien ocupaba la titularidad de la Fiscalía Electoral desde diciembre de 2023 con un nombramiento previsto hasta 2030, indicó que está a la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) designe quién se hará cargo de la recepción de recursos humanos y materiales para una entrega-recepción ordenada.
La renuncia se produce semanas después de que el Senado de la República ratificara su nombramiento como magistrado del TFJA por un periodo de diez años, cargo que comenzará el 4 de enero. Su designación fue avalada por Morena y sus aliados, a pesar de cuestionamientos de la oposición sobre cercanía partidista.
Cabe destacar que González Macías formalizó su afiliación a Morena, lo cual fue difundido por la dirigencia estatal. El magistrado federal electo rechazó que su militancia partidista haya influido en su nombramiento o represente un conflicto de intereses, asegurando que su designación se basó en su trayectoria profesional y que la ética profesional prevalecerá en su nuevo encargo.
La vacante en la Fiscalía Electoral plantea el desafío de asegurar la continuidad, imparcialidad y confianza en una institución clave, justo cuando el calendario político marca el inicio de los próximos ciclos electorales.